Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 32 segundos
• El Grupo Popular registra una PNL en el Parlamento en la que pide a la Junta que se arbitre «un sistema alternativo para el pago puntual de nóminas a empleados y proveedores».
• Oña denuncia el «limbo administrativo» al que están sometidos los consorcios y solicita que se depuren responsabilidades.
(Nota Prensa PP Málaga) La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña ha informado hoy de que el Grupo Parlamentario Popular pedirá a la Cámara andaluza, a través de una Proposición No de Ley (PNL) que ya ha sido registrada, «la inmediata puesta en marcha de la actividad formativa de las escuelas de hostelería, que bajo ningún concepto deben posponer el inicio de sus clases más allá del 1 de noviembre».
De este modo, Oña ha exigido que, también antes de esta fecha, «la Junta de Andalucía se ponga al día en el pago de las nóminas y cuotas de la Seguridad Social atrasadas, con el compromiso concreto de que en adelante se abonarán puntualmente, respetando los derechos de los trabajadores, que están siendo vulnerados reiteradamente por la Administración andaluza», ha recalcado.
En este sentido, ha denunciado que el Gobierno andaluz «ha abandonado deliberadamente a las tres Escuelas públicas de Hostelería de Málaga», indicando que La Cónsula, La Fonda y El CíoMijas presentan «la misma pauta de conducta diseñada por los responsables políticos».
Al respecto, ha recordado que los empleados acumulan hasta once meses sin cobrar, punto en el que ha señalado que este «limbo administrativo» para alumnos, trabajadores y proveedores refleja «la intención de la Junta de acabar con ellas y liquidar los consorcios que las gestionaban, sin importarle la formación y los importantes índices de inserción laboral que registran».
Oña ha añadido que el PP solicita a través de esta PNL que se arbitre «un sistema correcto y alternativo de pago que garantice la recuperación de la normalidad antes de noviembre, tanto en el servicio de limpieza, como en los suministros y programas formativos».
Además, ha requerido «la depuración de responsabilidades en la contabilidad o justificación de los gastos, que en ningún caso pueden ser imputables a profesores o alumnos, máxime cuando los gerentes de estos consorcios han sido nombrados por el Gobierno andaluz», ha insistido.
Por último, la parlamentaria andaluza ha demandado «el reconocimiento de la importante labor que realizan estas escuelas de hostelería, con incidencia positiva tanto en la formación de profesionales cualificados, como en la inserción laboral, que puede cifrarse en el cien por cien».
«El Gobierno andaluz no paga a proveedores, ni la Seguridad Social de los empleados, ni el servicio de limpieza, el teléfono o la conexión a internet, dejando morir un sistema de éxito garantizado en la provincia», ha concluido.
