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Los socialistas proponen la creación de una comisión técnica y política que busque un sistema más ágil para atender a estas familias.
(Nota Prensa Psoe Diputación Málaga) El grupo socialista en la Diputación de Málaga presentará una moción en el próximo pleno exigiendo al equipo de gobierno el PP en la institución provincial que abone las ayudas de carácter social que esperan 300 familias de la provincia en situación de exclusión. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el presidente y portavoz del grupo, Francisco Conejo, y la diputada responsable del Área de Asuntos Sociales, Sonia Ramos.
En la iniciativa que los socialistas elevarán al pleno, piden, además del pago de estas ayudas correspondientes al presente ejercicio, que se cree una comisión técnica y política en la Diputación que busque un sistema más ágil para atender a estas familias en situación de exclusión en el futuro y también que se dote presupuestariamente con recursos suficientes para que ninguna familia se quede fuera de estas ayudas.
Conejo ha recordado que el pasado 3 de febrero se aprobaron las ‘Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Málaga’, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 16 de febrero. El equipo de gobierno presupuestó un total de 300.000 euros para estas ayudas, que en años anteriores se abonaron en dos pagos, en junio y en septiembre.
No fue hasta el pasado mes de julio cuando salió por decreto la lista de personas beneficiarias admitidas de estas ayudas: 300 familias que solicitaban un total de 255.000 euros. El problema, según ha denunciado el portavoz socialista, es que «a día de hoy ninguna familia ha recibido la ayuda». «Han transcurrido meses, se ha publicado la resolución con los admitidos pero el resultado final es que las familias siguen sin cobrar. Siguen esperando que la Diputación cumpla su compromiso para poder cubrir necesidades básicas. No se justifica el retraso de la Diputación», ha afirmado.
Por ello, ha exigido al equipo de gobierno que abone inmediatamente estas ayudas para que las familias en situación de exclusión social puedan afrontar en mejores condiciones los gastos del alquiler de la vivienda, los suministros básicos y la atención y cuidados para la salud, entre otros.
Al mismo tiempo, ha reclamado que se cree una comisión técnica y política con la representación de todos los grupos de la corporación para estudiar un nuevo sistema más «ágil y fácil» para el ejercicio 2016 de pago y justificación de estas ayudas, para evitar los conflictos administrativos que se han producido.
Conejo ha explicado que por primera vez las familias van a tener que presentar la justificación de estas ayudas y si no lo hacen varios meses después de recibirla «se les pedirá el reintegro». «Años atrás la Diputación tenía un sistema mucho más fácil donde las familias con un informe de los servicios sociales comunitarios recibían la cuantía económica», ha recordado, al tiempo que ha señalado que constatando que la ayuda iba a esa finalidad no tenían que presentar los justificantes.
Por ello, el presidente y portavoz del grupo socialista ha planteado que se busquen nuevas fórmulas de apoyo y ayudas a estas familias en exclusión social mediante recursos en especie, bonos para alimentación, suministros básicos, etc., en lugar de mediante subvenciones económicas directas. Por último, ha pedido que se dote presupuestariamente con recursos suficientes para que ninguna familia en esta situación se quede sin ayuda.
«Es una propuesta que va en la línea del blindaje de las políticas sociales, que es muy importante para muchas familias malagueñas y que debería contar con el consenso de todos los grupos de la Diputación Provincial. Es una cuestión de enorme sensibilidad», ha explicado Conejo.
Por su parte, la diputada socialista responsable del Área de Servicios Sociales, Sonia Ramos, ha destacado el carácter de inmediatez y urgencia que deben tener estas ayudas complementarias que concede la Diputación. «Es el recurso que tienen actualmente los servicios sociales comunitarios, que trabajan en los municipios de menos de 20.000 habitantes, y una herramienta imprescindible para cubrir situaciones de emergencia social», ha dicho.
Ramos ha explicado el concepto de estas ayudas, que van dirigidas, entre otras, a familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler de una vivienda por falta de recursos económicos, que tienen problemas en la habitabilidad de la vivienda (problemas en la estructura de la casa o con algún electrodoméstico) y no pueden costearlo, con tratamientos médicos específicos detallados por profesionales cualificados que no pueden retrasarse en el tiempo o que requieren algún desplazamiento relacionado con actividades formativas encaminadas a la reinserción socio laboral de parados de larga duración. Casos en los que la diputada ha subrayado que las ayudas «no pueden llegar tarde». En este sentido, ha hecho hincapié en que las ayudas otorgadas para cubrir necesidades básicas como alimentación o ropa se tenían que haber cobrado durante el verano. «Ahora sólo existe una lista de admitidos y tendrá que volverse a crear una mesa técnica y pasar el trámite por junta de gobierno y servicios de intervención, algo que demorará más de un mes el ingreso de las ayudas», ha lamentado.
En cuanto al pago de suministros básicos como la luz y el agua, Ramos ha manifestado que debido a la situación de impago, el suministro podría haberse cortado ya a las familias ante los meses de retraso de las ayudas. Asimismo, ha denunciado los efectos que el retraso puede estar teniendo también en situaciones de alojamiento temporal sobrevenido o bien en situaciones de emergencia que llevan a las personas fuera de su vivienda.
Por ello, Ramos ha reiterado la «urgente necesidad» de abonar «inmediatamente» estas ayudas por parte de la Diputación así como la creación de una mesa técnica y política que busque soluciones ágiles y flexibles a la prestación efectiva de las ayudas, que además, aumenten en su cuantía económica.
