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(Nota Prensa Psoe Diputación) Los socialistas exigen una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas.La empresa de turismo de la Diputación de Málaga celebra mañana una junta general a iniciativa del grupo socialista sobre las irregularidades detectadas por la Intervención de la institución provincial.
En su informe de control financiero sobre las actividades del Patronato Provincial de Turismo Málaga Costal del Sol correspondientes al año 2014, entre otros, la Intervención General de la Diputación pone en cuestión la incorporación del personal del Patronato de Turismo a la nueva empresa pública por no ajustarse a ley y el contrato de alta dirección de su gerente, Arturo Bernal, que pide regularizar y constata la existencia de un uso inadecuado de la figura del contrato menor y un uso injustificado de la utilización del procedimiento negociado sin publicidad.
Ante la gravedad de ese informe, el presidente y portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, exigió una convocatoria urgente y extraordinaria de la junta general de la empresa pública de turismo de la institución provincial.
Conejo ha explicado que su intención es que la junta general de la empresa encargue una auditoría al interventor general de la Diputación sobre las irregularidades detectadas por el propio interventor en el año 2014 y que también se investigue el año 2015. «Queremos que el interventor realice un informe exhaustivo sobre el funcionamiento financiero y contable del Patronato de Turismo Costa del Sol. Vamos a exigir en esa junta de mañana que se elabore un informe de la secretaria general de la Diputación sobre la legalidad de las actuaciones realizadas por esta empresa desde su creación al final del año 2013 hasta el día de hoy», ha señalado.
Al mismo tiempo, el presidente y portavoz de los socialistas ha adelantado que en esa junta general van a exigir que se abra una comisión «para investigar todas las irregularidades detectadas por el interventor general sobre el funcionamiento de esta empresa pública». «Queremos que esta comisión de investigación depure las responsabilidades de todos aquellos que hayan podido cometer alguna irregularidad al frente de esta empresa pública: sea el gerente o el mismísimo presidente de la Diputación en su condición de presidente de esta empresa pública», ha dicho Conejo. Así, ha asegurado que si de esas responsabilidades se desprende que se ha podido cometer algún delito de ámbito penal «vamos a exigir que esa comisión de investigación y que esa junta general ponga en conocimiento de la Fiscalía los hechos que puedan ser constitutivo de delito en nuestro código penal».
Por último, Conejo ha anunciado que los socialistas van a exigir que a partir de ahora se lleve a cabo por parte de la intervención una fiscalización previa a cualquier gasto y cualquier actuación de esta empresa. «Queremos que haya un control exhaustivo de todo aquello que tenga que ver con una empresa sobre la que hay una enorme sombra», ha subrayado.
Conejo ha criticado «los lodos de la gestión del PP y Elías Bendodo en la Diputación que se han ido fraguando en estos últimos cuatro años: irregularidades en las empresas públicas, falta de transparencia, chapuzas como las de la subvención del IBI, museos ocupados o edificios públicos entregados al peor postor…».
«Sólo puede decirse que estamos ante los peores gestores que han conocido esta Diputación. No hay expediente que miremos que no bordee la legalidad. Mire donde se mire en esta Diputación siempre hay sombras. Ustedes están fomentando un modelo de gestión que se basa en un intento continuo de quebranto de la legalidad. A cada paso, un informe demoledor de la Intervención. Ningunean las recomendaciones de la Intervención o levantan reparos y se quedan tan pachos. Su gestión está hecha a troche y moche», ha expuesto.
En su informe, el interventor señala que en la documentación facilitada por la Diputación sobre la forma de acceso del personal laboral a la nueva empresa pública de turismo «se indica que todo el existente procede de una subrogación sin ninguna otra contratación ni indefinida ni eventual». De esta forma, alerta que la institución podría estar incumpliendo la ley de presupuestos, que no permite nuevas incorporaciones de personal en estos casos. «(…) la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 remite, para las sociedades mercantiles públicas, a regular la incorporación de nuevo personal, y mediante disposición establece que en el año 2014 (al igual que hiciera para el año 2012 y 2013), las sociedades mercantiles públicas no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianulaes que estén en ejecución a la entrada en vigor de esta Ley. Sólo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables podrán llevar a cabo contrataciones temporales».
En este sentido, concluye que una vez revisada la documentación, «a priori los 28 trabajadores existentes a 31 de diciembre no pueden tener la consideración de empleados públicos, siendo identificada en términos jurisprudenciales su situación como de laboral indefinido no fijo, por lo que se considera necesario someter la situación creada a juicio y consideración de los Servicios Jurídicos de la Diputación, toda vez que la Memoria de Servicio aprobada por el Pleno establece la necesidad de que la selección de personal respete la normativa, incluida la Ley de Presupuesto, circunstancia que no puede considerarse acreditadas en el expediente dado que los informes aportados se manifiestan sobre una situación distinta de la conocida por esta Intervención y con base en una no sucedida hipotética sucesión de actividades entre los entes intervinientes en el traspaso de personal». En este punto, el interventor recuerda que fue la propia Diputación quien recibió el traspaso del remanente del Patronato, como único posible perceptor, «por lo que en ningún caso puede, ni antes ni después de lo tramitado, considerar a la Sociedad -el Patronato de Turismo- como posible sucesora -de estos trabajadores-, sino en su caso, a la Diputación»
En cualquier caso, el interventor «considera necesaria la aprobación por la Junta General de unas Instrucciones Internas de Procedimiento de Selección y Contratación de Personal que regule el acceso de nuevo personal a la empresa, asegurando en todo momento publicidad y concurrencia», puesto que previamente ya alerta de que «en ninguno de los casos existe constancia de procedimiento de pública concurrencia seguido para los distintos accesos».
El interventor también cuestiona el contrato de alta dirección del gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal e insta a regularizarlo: «no ha sido posible acreditar que se atendiera a las formalidades y requisitos para su incorporación por cuanto no consta procedimiento de pública concurrencia, sin solicitud de participación del interesado, ni méritos, ni motivación del acuerdo adoptado en su día en el seno de la Asociación. Ante ello se reitera someter la situación creada a la consideración de los Servicios Jurídicos de la Diputación, esta vez en atención singular para el contrato de alta dirección aplicado y su necesaria regularización».
Por otra parte, el interventor señala que «se constata la existencia de un uso inadecuado de la figura del contrato menor» y «un uso injustificado de la utilización del procedimiento negociado sin publicidad». Sobre esta práctica, advierte: «vemos como puede estar utilizándose las prestaciones contratadas para cubrir necesidades de carácter recurrente o de carácter periódico que, en puridad, deberían ser cubiertas por la estructura de personal de la empresa». Y añade también: «Independientemente que, de mantenerse en el tiempo, puedan incurrir en fraccionamiento prohibido de la contratación pueden, por si mismos, generar derechos laborales para quien los realiza».
