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Las mociones contaron con el voto negativo del equipo de gobierno y el PP.
(Prensa Ayto Alh el Grande) El pasado mes de julio, el alcalde Juan Martín se vio obligado a tomar medidas provisionales en cuanto al funcionamiento de los órganos de gobierno, las retribuciones, las asignaciones y las asistencias, debido a la falta de acuerdo por parte de los cinco grupos políticos que componen la corporación y por llevar los ediles más de dos meses sin cobrar sus retribuciones. Tras asumir los informes favorables de personal y asesoría jurídica municipal e intervención, el alcalde decretó la vigencia de los acuerdos anteriores a la constitución de la corporación, como medida transitoria.
En este escenario, los tres grupos de izquierdas de la oposición, ASALH, PSOE e IU, presentaron para su aprobación en pleno del 14 de octubre, dos iniciativas para que por un lado se traslade al ministerio fiscal, tribunal de cuentas y defensor del pueblo, el decreto provisional que establece las dedicaciones y retribuciones del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, y por otro se reintegre las cantidades abonadas por el Consistorio en cumplimiento de este decreto, mociones que contaron con el voto en contra de los grupos PP y Por Alhaurín y por tanto fueron rechazadas por el pleno por mayoría.
En esta sesión extraordinaria, Diego Navas, portavoz del equipo de gobierno, puso de manifiesto que «la moción presentada no recoge la realidad, puesto que lo que se ha hecho es firmar un decreto para salvar la situación irregular de ilegalidad e injusta que había en el ayuntamiento y evitar posibles sanciones de la seguridad social, contando además con todos los informes favorables».
Por su parte, la alcaldesa accidental, Toñi Ledesma, manifestó que «hemos firmado un decreto provisional porque no hemos podido llegar a un acuerdo de retribuciones con la oposición, un decreto provisional que cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales, personal, asesoría jurídica e intervención que nos permite acogernos a un acuerdo anterior que en ningún caso esta derogado, ya que no existe otro acuerdo que adopte lo contrario, decreto que ha permitido que cobren tanto el gobierno municipal como la oposición las retribuciones, asistencias a órganos colegiados y asignaciones a grupos». Así mismo Ledesma manifestaba que «los acuerdos que planteaba la oposición en el pleno extraordinario no tenían ningún sentido ya que la remisión a la Fiscalía, Tribunal de Cuentas y Defensor del Ciudadano no eran competencia del pleno y en cuanto al reintegro, los actos cuestionados por la oposición son válidos y despliegan efectos hasta que se declare lo contrario a través de alguno de los procedimientos de revisión legalmente establecidos y regulados, y solamente en ese momento procedería el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades abonadas».
