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(Prensa Diputación) La solvencia financiera de la institución provincial permite el pago a proveedores en un plazo medio de 18,5 días y el incremento de las inversiones en los municipios.El secretario de Estado de Administraciones Públicas pone a la Diputación como ejemplo a seguir por el cumplimiento de sus obligaciones económicas.
El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado hoy que el balance de los 100 primeros días de gobierno de la nueva corporación provincial se resume en «la gestión y el consenso, desbloqueando temas importantes para la provincia y apostando por el acuerdo con todas las formaciones políticas». Además, ha resaltado la solvencia financiera de la institución provincial, lo que le permite cumplir con sus obligaciones con los proveedores e incrementar las inversiones en los municipios.
Bendodo ha realizado este balance durante un encuentro con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre el plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno central para aliviar la morosidad de las entidades locales y las comunidades autónomas. A la reunión han asistido también el alcalde de Estepona, José María García Urbano; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones; el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, Emilio López Caparrós; y la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez.
El presidente de la Diputación ha puesto como ejemplo de gestión el haber ayudado a desbloquear el futuro del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades del Guadalhorce, y ha añadido: «Es un tema desgraciadamente histórico. Si hay algún déficit en la provincia, es la sanidad pública, y la Diputación ha decidido asumir los compromisos del Ayuntamiento de Cártama para facilitar la puesta en marcha del centro. Una vez que terminen las obras del vial de acceso, en el primer trimestre del año próximo, ya no habrá excusas para tenerlo cerrado».
Igualmente, Elías Bendodo ha destacado el pacto logrado entre todos los grupos políticos de la Diputación sobre los fondos que se destinarán durante los próximos cuatro años a través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación. «Es el principal plan de inversión para los municipios -ha explicado- y se ha despejado su dotación durante toda esta corporación».
Paralelamente, el presidente de la Diputación ha resaltado la solvencia financiera de la institución, «que nos permite cumplir con nuestras obligaciones, especialmente con los proveedores, con un periodo medio de pago que se ha reducido a los 18,5 días, lo que es todo un récord».
Precisamente, el saneamiento económico de la Diputación de Málaga es el que ha permitido destinar el superávit de 2014 a inversiones y no a cancelar la deuda bancaria. Por ello, en el pleno de septiembre se aprobó el Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles 2015, dotado con 26 millones de euros.
Igualmente, en el pleno del lunes se dio luz verde a un plan de liquidez, a modo de préstamos sin intereses, por importe de siete millones de euros, para que los municipios que atraviesan dificultades económicas puedan hacer frente a sus obligaciones.
Bendodo ha insistido en que las medidas que el Gobierno central puso en marcha en 2012 para el pago a proveedores han tenido efectos muy positivos, ya que han supuesto una inyección de liquidez a las empresas, y, por tanto, a las familias.
Valoraciones de Beteta
Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha comentado que la Diputación de Málaga es «una de las que mejor trabaja, de las que mejor paga y de las que mejor resuelve la situación financiera con sus proveedores. Y produce satisfacción ver cómo ha reducido su plazo de pago a los 18,5 días. Otras instituciones, en cambio, como la Junta de Andalucía, están en una media de 44,24 días».
Beteta también ha recordado que la Diputación de Málaga acudió al mecanismo de pago a proveedores, con 62 facturas, por un importe de 496.340 euros y amortizó el 100% del crédito previsto, cumpliendo todo lo previsto.
En la provincia, el Gobierno liberó fondos por un importe de 416,5 millones de euros y se atendieron 93.335 facturas para pago a proveedores de 86 entidades locales.
«Hay, por tanto, un compromiso por parte del Estado -ha asegurado-. Quien presta el servicio, tiene que cobrar. Si no, se ponen en riesgo la continuidad del servicio público y los puestos de trabajo de las empresas que trabajan para la Administración. Además, cuando hay seguridad, hay más concurrencia de empresas y los precios se ajustan mejor, lo que beneficia a las administraciones».
Respecto a la actual situación económica de los ayuntamientos de la provincia, ha explicado que 82 entidades locales tienen un saldo positivo de 463 millones, y solo 18 entidades tienen un saldo negativo de 5,7 millones de euros. «La situación municipal en la provincia -ha indicado- es francamente saneada. Y esto contribuye de forma decisiva a que nuestro país cumpla con los objetivos de déficit, por los superávits locales; de deuda, porque está reduciendo el endeudamiento; y de proveedores, porque están pagando dentro de los plazos».
Devolver la confianza
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha calificado el plan de pago a proveedores como «una de las grandes medidas del Gobierno central que ha permitido racionalizar el funcionamiento normal de la Administración». Y ha explicado que el Ayuntamiento de Estepona se benefició de 66 millones del mencionado plan para abonar unas 6.000 facturas de casi 600 proveedores. «Hemos conseguido -ha añadido- cumplir con la gente y devolver el prestigio del Ayuntamiento de Estepona para que las empresas confíen en nosotros».
Y tanto el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, Emilio López Caparrós, como la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez, coincidieron en la importancia del plan de pago a proveedores por el efecto de estímulo que han tenido en el mantenimiento de empresas y de empleo.
Sin embargo, Emilio López alertó sobre el hecho de que vuelve a haber instituciones públicas que no están pagando en el tiempo establecido e incidió en la necesidad de adoptar medidas que impidan que vuelva a incrementarse la morosidad.
Y Natalia Sánchez coincidió en la misma idea de que las cantidades que se adeudan a los proveedores siguen siendo importantes, por lo que solicitó al Gobierno central que mantenga el mismo rigor en este tema.
