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(Prensa Diputación Málaga) La vicepresidenta Ana Mata, convocará a los grupos políticos de la institución para abordar el compromiso adoptado en el Pleno del pasado lunes, 19 de octubre.La deuda a nivel local asciende a 12 millones de euros, afectando a 2.000 trabajadores.
La vicepresidenta y diputada de Igualdad, Ana Mata, tras la reunión mantenida ayer jueves, 22 de octubre, con representantes de ASPROMANIS SERVICIOS y FEAPS (Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo), ha anunciado que convocará a los representantes de los grupos políticos de la institución, PSOE, Ciudadanos, IU y Málaga Ahora, para abordar cuanto antes el compromiso adoptado en el pasado Pleno ordinario celebrado el lunes 19 de octubre en una moción institucional.
La misma, inicialmente presentada por el Partido Popular y que ha pasado a ser institucional con el apoyo de todos los representantes políticos, insta a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a afrontar la deuda que mantiene con los Centros Especiales de Empleo con el objetivo de que estos puedan ponerse al día con el pago de las nóminas de sus trabajadores. Asimismo, se solicita un seguimiento y control del correcto uso de las subvenciones y ayudas concedidas a los centros.
Mata ha explicado que el retraso en el cobro de las subvenciones que reciben los Centros Especiales de Empleo de la provincia por parte del gobierno regional, está poniendo en peligro a estas entidades, llevando a algunas de ellas a tener que presentar un ERE, ya que no pueden pagar las nóminas, y tienen que fraccionar el IVA e incluso solicitar pólizas de crédito.
De este modo, a nivel local, la deuda asciende a 12 millones de euros, según calculan las asociaciones, viéndose afectados un total de 2.500 trabajadores. En cuanto a la deuda a nivel andaluz, alcanza los 60 millones de euros, y los correspondientes a las nóminas de 11.000 personas.
La situación es «grave» tal y como les ha trasladado los representantes de FEAPS y ASPROMANIS a la vicepresidenta, que afirman que los centros «se encuentran asfixiados ante el impago de la Junta».
La demora de los pagos, la reducción presupuestaria, o el cambio en la fecha de las ayudas pública que deben recibir del gobierno andaluz para subsistir, les supone problemas de liquidez y les obligan a acometer recortes que afectan estas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, tal y como ha explicado Mata.
Mata ha hecho hincapié en el hecho de que estos centros son fundamentales para la inserción laboral de personas que padecen alguna discapacidad y el compromiso de la Junta es pagar el 100% de la Seguridad Social y la mitad del Salario Mínimo Interprofesional de cada trabajador, siempre que el 70% de la plantilla tenga una discapacidad superior al 33%.
