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Desgraciadamente un año más comprobamos cómo a pesar de que teóricamente la violencia de género es rechazada desde todos los ámbitos, es aún una lacra endémica que nos sigue golpeando.
Desde que comenzó la crisis, la violencia de género ha ido aumentando día a día. Y la violencia institucional soterrada que se ejerce contra las mujeres a través de los recortes presupuestarios, la disminución de las pocas políticas de prevención que ya existían, junto con la imagen discriminatoria y cosificada que de las mujeres se sigue ofreciendo, son un caldo de cultivo que fortalece la desigualdad y la violencia, que son elementos inseparables.
Luchar contra la Violencia de Género requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales, y a la sociedad, conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia, y particularmente, la violencia sexista.
Los nuevos tiempos que se celebran para la política, no parecen venir cargados de protagonismo para las políticas reales de igualdad de género; no parece que el feminismo sea un pilar fundamental de esa agenda política. Por eso desde el Área de la Mujer de Izquierda Unida se defiende, desde la coherencia ideológica de nuestro programa, que sólo desde las medidas políticas realmente feministas y transformadoras, podemos afrontar la violencia de género como una lacra social que nos señala y nos define como una sociedad antidemocrática, injusta y regresiva.
Por eso este 25 de noviembre seguimos exigiendo, entre otras muchas propuestas:
• Modificación de Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para incluir todas las formas de violencia de género, no sólo las del ámbito familiar. La violencia sexual, económica, la prostitución,… deben ser parte de esta ley. Asimismo se deben modificar los parámetros y requisitos para ser considerada víctima de violencia de género y las forma de acceso a los recursos institucionales.
• Dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra la Violencia de Género; y destinando estos fondos para acciones directas y estructurales.
• Presupuesto real y efectivo para políticas de igualdad de género, no inferior al 5% del presupuesto.
