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Fomento y Vivienda realiza en Andalucía 31.709 inspecciones para velar por el cumplimiento de los tiempos de conducción y descansos o controlar la carga.
(Nota Prensa Junta Andalucía Málaga) La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto en Málaga en los nueve primeros meses del año un total de 1.130 expedientes sanciona-dores a vehículos de transporte por carretera dedicados a la distribución de mercancías y al tránsito de viajeros por no cumplir la normativa.
En el conjunto de Andalucía, estos procedimientos han alcanzado los 11.885 y entre las infracciones más comunes destacan las relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, los excesos de carga, el incorrecto uso del tacógrafo o la realización de desplazamientos sin la autorización correspondiente o sin visado. A lo largo de ese periodo, la Junta de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, ha realizado 31.709 inspecciones en el marco de las campañas de control y vigilancia que realiza anualmente la Junta de Andalucía en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico.
El marco normativo que vela por la prestación de este servicio en condiciones de seguridad vial, la Ley de Ordenación del Transporte, recoge multas económicas que oscilan entre los 100 euros, si las infrac-ciones son leves, y los 4.001 euros, si son muy graves. De acuerdo con esa escala y teniendo en cuenta las 11.885 sanciones tramitadas en Andalucía en los primeros nueve meses, 3.818 procedimientos han concluido con castigos leves, lo que implican multas de entre 100 y 400 euros; 4.469 expedientes han sido calificados como incumplimientos graves, con penas económicas que varían entre 401 y 1.000 euros; y 3.598 sanciones se han tipificado como muy graves, con penalizaciones de entre 1.001 y 4.001 euros.
Estas operaciones de control y vigilancia, además de conllevar multas económicas, también pueden derivar en la inmovilización de vehículos por parte de la Guardia Civil, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves con el fin de garantizar la seguridad vial en las carreteras, por ejemplo en el caso de excesos de carga o de tiempos. También persigue evitar la competencia desleal o el ejercicio de prácticas fraudulentas en el sector del transporte, cuando en las inspecciones que se realizan se detecta la ausencia de tarjetas y permisos pertinentes.
