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(Nota Prensa Psoe Mijas) El que es hoy día el Teniente Alcalde de Mijas, autorizó la apertura de un almacén situado en El Malagueño cuando era Alcalde del municipio, y que se ha seguido utilizando con la llegada de Ciudadanos al gobierno de la localidad.
El viceportavoz socialista José Antonio González ha comparecido hoy, junto al edil Roy Pérez, para denunciar el uso de un inmueble ubicado en el Diseminado El Hornillo, como nave de almacenamiento municipal y sobre el que pesa una orden de demolición.
Los socialistas han querido manifestar su malestar ante el reciente acceso al informe jurídico sobre dicha propiedad en el que «queda bien claro que cualquier uso de dicho espacio es ilegal» aseguró González, y añadió «no sólo queremos denunciar la ilegalidad cometida por el gobierno del Partido Popular, si no la situación laboral de los trabajadores que se han visto obligados a trabajar en dicho espacio».
Según el viceportavoz, «estamos hablando de la auto-adjudicación de una construcción por parte del Consistorio tras el impago de un cúmulo de multas coercitivas de sus anteriores propietarios, y ante la que el Ayuntamiento no puede más que llevar a cabo la acción judicial de demolición que pesa sobre ella».
Para el edil, «estamos ante un caso muy grave, no sólo exigimos el cierre inmediato de la instalación al equipo de gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, si no que se tomen las medidas legales necesarias para que se depuren todas las responsabilidades pertinentes», y añadió » no podemos permitir que el Consistorio no sea ejemplar con los procedimientos y normativas y máxime cuando lo que está en riesgo es la seguridad de nuestros trabajadores».
Además, el concejal aseguró que «pondremos en conocimiento de nuestro gabinete jurídico los informes al respecto para estudiar las posibles acciones legales, ya que en nuestra obligación de fiscalizar todas las acciones llevadas a cabo desde el Consistorio, debemos velar por que se cumplan las normativas pertinentes».
Para los socialistas es inadmisible que el «almacén» siga operativo y exigen al actual alcalde Juan Carlos Maldonado que depure responsabilidades con los que son sus actuales socios de gobierno. «Pedimos el cierre inmediato de las instalaciones y su reubicación a unas dependencias adecuadas, así como que Nozal de explicaciones al respecto», insistió Roy Pérez.
La adjudicación al Ayuntamiento fue firmada el 20 de Marzo de 2013 aludiendo «una supuesta utilidad pública que suponía la adquisición de dicho bien para el patrimonio municipal», aclaró Pérez, quién insistió en que al «recaer sobre esta una orden firme de demolición, el Ayuntamiento sólo tiene una posibilidad legal, que es ejecutar su propio acto administrativo de demolición, razón por la cual toda utilización del inmueble el ilegal, y máxime cuando no se han realizado los procedimientos oportunos para justificar la supuesta utilidad pública del inmueble, según consta en el informe jurídico del propio Ayuntamiento».
Para el representante socialista «los responsables políticos no pueden requerir a los vecinos y vecinas de Mijas y a los comercios que cumplan la normativa, mientras ellos se saltan los procedimientos una y otra vez», y añadió, «el señor Nozal debería saber que es la obligación legal del Ayuntamiento de Mijas el ejecutar sus propios actos firmes, o en su caso aportar la documentación necesaria para justificar el uso y utilidad pública de dicho inmueble».
