El Ayuntamiento detecta irregularidades en la contratación del servicio de conserjería del Patronato

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El concejal de Deportes, César Carrasco, ha informado hoy de la finalización del contrato de prestación de dicho servicio.

(Prensa Ayto Torremolinos)  El concejal delegado de Deportes, César Carrasco, ha informado que el pasado mes de febrero procedió a comunicar a la empresa que presta el servicio de conserjería en la instalaciones del Patronato Municipal de Deportes, la finalización del contrato de prestación de dicho servicio después de que los servicios jurídicos detectasen irregularidades.

Carrasco ha hecho público que el contrato de prestación de servicios se adjudicó en enero de 2011, por un importe de 17.990 euros, incluido IVA, utilizando para ello la figura del contrato menor. Carrasco ha manifestado que este tipo de contratos no pueden superar el año de duración, no pueden ser objeto de prórroga, ni pueden superar el importe de 18.000 euros, ni se puede fraccionar su importe para eludir con ello las exigencias legales de la contratación pública.

En este sentido, el concejal delegado de Deportes ha mantenido que «en el informe que los funcionarios municipales realizaron en su día sobre la legalidad del contrato adjudicado en enero de 2011, se hizo constar expresamente que el contrato no podía tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios».

El edil mantuvo que, a pesar de ello, los servicios contratados se han seguido prestando sin interrupción desde el año 2011. En este sentido, afirmó que el coste en el año 2012 ascendió a la suma de 30.447 euros, en el año 2013 su coste fue de 28.295 euros y en el año 2014 ascendió a 50.584 euros. Carrasco afirmó que en el año 2015, con un coste de 73.277 euros, se cuadriplicó el importe máximo que legalmente se contempla para dichos contratos.

El edil ha sostenido que «un contrato que no debía superar el año se ha mantenido en el tiempo desde el año 2011, y su coste total durante los años 2012 a 2015 ha superado los 182.000 euros». Por último, Carrasco ha incidido que «los informes jurídicos emitidos han puesto de relieve la irregularidad de la situación y, por tanto, la necesidad de poner fin a la misma».