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• En una respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, el consejero de Ordenación del Territorio traslada la responsabilidad y la acción regularizadora al Ayuntamiento
• Cuando Ángel Nozal fue alcalde se inició un novedoso proceso de regularización, que cifró en algo más de 4.200 las construcciones asentadas en suelo no urbanizable del municipio
(Nota Prensa PP Mijas) Dos meses ha tardado el Gobierno de la Junta de Andalucía en responder a la pregunta parlamentaria planteada por la diputada autonómica, Esperanza Oña, sobre la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) anunciada por la presidenta Susana Díaz (PSOE), en 2014, para regularizar el mayor número de viviendas construidas en suelo no urbanizable. Y lo hace sin aclarar ni cómo, ni cuándo, ni a cuántas viviendas podrá normalizar este proceso.
Oña registró en la Mesa del Parlamento de Andalucía el pasado 3 de diciembre tres preguntas parlamentarias dirigidas al ejecutivo andaluz en la que, en primer término, recordaba que el Ayuntamiento –dirigido por el PP- inició un proceso de regularización, tutelado por la propia Junta, que detectó unas 4.200 construcciones irregulares erigidas en el campo mijeño. Esta acción iniciada por Ángel Nozal, junto con los cambios normativos anunciados por la presidenta Díaz, podría dar lugar a la regularización de en torno al 80% de las viviendas situadas en suelo no urbanizable de Mijas.
Por ello, la parlamentaria popular preguntó expresamente sobre los plazos que manejaba el Gobierno andaluz para su tramitación y aprobación definitiva así como las consecuencias directas en el caso de Mijas, a fin de trasladar esta información a los miles de vecinos afectados y acelerar, en lo posible, el proceso regularizador.
Sin embargo, la respuesta del propio consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal (PSOE), no concreta ni los plazos, ni a cuántas viviendas afectaría, ni si esta acción regional daría fin, de una vez por todas, al problema y la incertidumbre que viven miles de familias de Mijas y Andalucía.
De hecho, tan sólo dice que el 9 de febrero finalizó el periodo de enmiendas al articulado y que el documento está «en sede parlamentaria» y que corresponde al Ayuntamiento de Mijas «realizar las actuaciones que la normativa en vigor, junto con la modificación legislativa en trámite» establecen y, por otro lado, que también es responsabilidad del Consistorio la «identificación, cuantificación y reconocimiento de la situación jurídica» de cada una de las edificaciones erigidas en suelo no urbanizable.
En este sentido, el PP insiste en que esta segunda parte está muy avanzada, gracias al proceso de regularización iniciado por el anterior ejecutivo local de Ángel Nozal, y exige a la Junta que se más concreta y responda con claridad a las preguntas planteadas por la diputada Esperanza Oña. A le vez, ruega que sean más sensibles a este problema, que en Mijas afecta a miles de personas.
