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(Fuente: Europa Press) Alhaurín el Grande podría consultar a los vecinos si cambia el nombre a su pedanía Villafranco del Guadalhorce, lo que decidirá la Justicia junto a otros cinco casos de localidades que incluyen también en su denominación referencias franquistas tras admitirse a trámite unas demandas. El abogado y demandante considera que mantener este nombre vulnera la Ley de Memoria Histórica.
La alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma (Por Alhaurín), ha asegurado que por ahora no se ha planteado ninguna línea de actuación; ya que –aunque conocían la Ley de Memoria Histórica–, ningún grupo político, asociación, colectivo o particular habían reivindicado la modificación del nombre.
La pedanía de Villafranco del Guadalhorce, con 600 habitantes, está situada a 10 kilómetros del casco urbano de Alhaurín el Grande; su origen data de los años 50 al crearse como poblado de repoblación agrícola, del que conserva su singular idiosincrasia, y en los 70 pasó a depender del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
El abogado y demandante Eduardo Ranz Alonso, que considera que mantener ese nombre vulnera la Ley de Memoria Histórica, se dirigió a un total de 11 consistorios españoles para que cambiaran las denominaciones pues estimaba que suponían «homenajear a protagonistas de la dictadura», así como una incitación «al odio».De esos once, tres cambiaron ya el nombre, de ellos dos andaluces: Queipo de Llano (Sevilla), que se llama Cinco de la Riuela, y Bembézar del Caudillo (Córdoba), que ha pasado a denominarse Bembézar
Ledesma ha precisado que las referencias franquistas en el topónimo «nunca han tenido una connotación política» y que «nunca nadie ha manifestado nada» y ha comentado que el demandante «no tiene ninguna vinculación ni con Alhaurín el Grande, ni con sus vecinos, ni con Villafranco del Guadalhorce». Asimismo, ha explicado que el abogado que formuló la demanda jamás se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, ni le solicitó información, y añade que el consistorio no recibió nada hasta este momento.
El abogado y demandante Eduardo Ranz Alonso, que considera que mantener ese nombre vulnera la Ley de Memoria Histórica, se dirigió a un total de 11 consistorios españoles para que cambiaran las denominaciones pues estimaba que suponían «homenajear a protagonistas de la dictadura», así como una incitación «al odio».
Este abogado ya ha conseguido que otros tres municipios españoles demandados por el mismo motivo dejen atrás sus referencias a la dictadura. Águeda del Caudillo (Salamanca) y Bembézar del Caudillo (Córdoba) han perdido su apellido franquista, y el municipio sevillano de Queipo de Llano ha pasado a llamarse Cinco de la Riuela.
«No existe mayor exaltación de la dictadura que mantener el nombre de los máximos exponentes de la guerra civil, en el apellido del pueblo, y por tanto, no existe mayor incumplimiento de la norma», ha explicado Ranz
