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(Prensa Diputación Málaga) Alrededor de un centenar de representantes municipales de la comarca del Guadalhorce se han dado cita en el ayuntamiento del municipio para asistir a este curso que itinerará por la provincia de Málaga.
La Oficina de Intermediación Hipotecaria, con la colaboración del Colegio de Abogados, ha evitado el desahucio de 500 familias malagueñas desde 2012.
Esta mañana en el ayuntamiento de Cártama ha arrancado la primera de las jornadas que recorrerán la provincia sobre la Oposición de Cláusulas Abusivas en las Ejecuciones Hipotecarias impulsadas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Málaga y el Colegio de Abogados, y en las que se ha contado con la presencia de alrededor de un centenar de técnicos de ayuntamientos y de los servicios sociales comunitarios, así como a letrados que componen la OIH, de la comarca del Guadalhorce.
Hoy jueves, 26 de mayo se ha celebrado una jornada formativa en Cártama con el objetivo de ofrecer la información sobre las novedades relativas al Derecho Bancario, pues tanto los abogados, como los operadores jurídicos y técnicos de las corporaciones han de estar al día de sus novedades debido a los continuos cambios legislativos. Así, el diputado de Innovación Social, Participación y Cooperación Internacional, Félix Lozano, que ha inaugurado la jornada, ha insistido en la importancia del «reciclaje» del personal en esta materia, y promover así, el desarrollo de los colectivos de la provincia, facilitando conocimientos útiles para las actividades que desarrollan, mejorando el servicio que prestan a la ciudadanía.
La primera de las ponencias ha corrido a cargo del letrado experto en derecho bancario y miembro de la sección de Derecho Bancario del ICAM, Manuel Fernández Baena, que ha hablado de los motivos de oposición en la ejecución hipotecaria, para dar paso, posteriormente a una mesa redonda sobre las propuestas y medidas conjuntas para evitar los lanzamientos hipotecarios en la provincia entre los colectivos directamente implicados en la problemática.
En este encuentro ha participado el economista Fernando Carnerero Calle, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca e Isabel Martín Frías, psicóloga del servicio de Afectados por la Hipoteca en la P.A.H y del programa del Consulado de Ecuador de Apoyo psicológico a los ecuatorianos afectados. Asimismo, han participado trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios de la Diputación y un letrado de la OIH y del Colegio de Abogados.
La Oficina de Intermediación Hipotecaria evita 500 desahucios
La función de la Oficina de Intermediación Hipotecaria es asumir funciones de prevención, intermediación y protección a las familias que se ven afectadas por los problemas de desahucios.
Recientemente, la Diputación concedió al conjunto de abogados que colabora con la Oficina de Intermediación Hipotecaria el reconocimiento solidario de Responsabilidad Social Corportativa, por su labor altruista para asesorar a las personas con riesgo de perder su vivienda. De hecho, esta oficina ha evitado el desahucio de más de 500 familias de la provincia, excluyendo la capital y Antequera, buscando para los afectados soluciones como la dación en pago, la suspensión del alzamiento, los acuerdos de intermediación bancaria, la reestructuración de la deuda y los alquileres sociales.
Los letrados han colaborado de manera altruista hasta ahora, y, a partir de este año, la Diputación va a contribuir económicamente para la prestación de estos servicios.
Todos los grupos políticos de la institución provincial acordaron incorporar nuevas actuaciones por parte de la Oficina de Intermediación Hipotecaria para mejorar la atención y la asistencia a las personas afectadas, contando, además, con la opinión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
En este sentido, se ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos para elaborar un censo con el parque de viviendas disponibles en la provincia que pudieran destinarse a alquiler social. Igualmente, se ha difundido comarcalmente la labor que realiza la Oficina para que sea más conocida y sirva de apoyo a más personas con riesgo de perder su vivienda.
Además, en coordinación con los servicios sociales de la Diputación, este año se destinará un millón de euros para el pago de servicios básicos (como luz, agua y gas) a quienes se encuentren en situación de emergencia.
