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El PP mijeño se sumerge en lo que parece una maniobra electoralista para entorpecer la acción de gobierno, lo que obliga al equipo de Ciudadanos a tomar medidas legales.
(Nota Prensa Ayto Mijas) El Ayuntamiento de Mijas se lamenta nuevamente por la actitud electoralista y dañina del Partido Popular de la ciudad. En esta ocasión, e intentando sacar rentabilidad mediática de una información que no es real, el grupo político ha vuelto a enviar (por tercera vez sobre el mismo tema en algo más de diez días) un comunicado faltando a la verdad. Esta vez aseguran que han llevado al alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado, ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un «atentado ecológico» y aportan el escrito presentado ante dicho organismo judicial. Ante la gravedad de estas acusaciones, el regidor interpondrá una querella contra el Partido Popular de Mijas por denuncia falsa contra su persona por imputarle un delito medioambiental.
En primer lugar cabe recordarle al Partido Popular que las obras a las que se refiere en el Diseminado Río Ojén contaban con una licencia de obras para un depósito de acumulación de agua y un almacén de aperos y que el 21 de enero de este año se advierte que se están ejecutando desde hacía más de uno año (cuando gobernaba el Partido Popular) y que podrían no ajustarse a licencia concedida. Es por esto por lo que personada la Policía Local en la zona, ésta comprueba que se realizan trabajos de movimientos de tierra y rebaje de parcela, levantando al tal efecto un acta que se notifica al constructor inmediatamente y por el que se requiere la paralización de las obras con carácter cautelarísimo, en virtud del Decreto de treinta de enero de dos mil doce que el propio exalcalde, Ángel Nozal, firmó, facultando de esta manera a los agentes de Policía para paralizar ipso facto cualquier obra que careciera de acreditación administrativa y que ahora no recuerda.
Dichos extremos son obviados por el PP de Mijas, tal vez porque soslaya que desmantelaron, intencionadamente, el departamento de Infracciones Urbanísticas, quitando competencia a técnicos y trasladando al personal administrativo para realizar otras labores, con objeto de evitar la imposición de multas coercitivas, sanciones y órdenes de demolición, puesto que ello suponían una pérdida de votos que el exalcalde y presidente del PP mijeño no estaba dispuesto a admitir, permitiendo que se infringiera la legalidad urbanística vigente, trascendiendo, incluso a la esfera penal, pudiéndose calificar su conducta de delito de prevaricación de los Artículos 404 y concordantes del Código Penal.
En el departamento de Urbanismo, a la llegada de Ciudadanos, su actual responsable, Andrés Ruiz, encontró diferentes asuntos que cuanto menos eran incumplimientos graves de la legalidad urbanística, tales como una nave realizada sin la preceptiva licencia de obras, un supermercado invadiendo zona verde privada, ejecución de infraestructuras en suelo no urbanizable (admitida por un concejal del PP de Mijas en un pleno), un karting sin la preceptiva licencia de obras ni de actividad en una parcela sujeta a proyecto de reparcelación que también fue objeto de expediente de restablecimiento y precintado, vivienda utilizada de almacén municipal con una orden de demolición y adjudicada al Ayuntamiento en un procedimiento de subasta, entre otras.
El actual equipo de Gobierno aconseja al ex alcalde Ángel Nozal que lea y estudie detenidamente el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado establecido en el Capítulo V de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Artículos 181 a 190) en el que se articula una serie de derechos para los presuntos infractores que hay que respetar para garantizar su derecho de defensa y la seguridad jurídica, algo a lo que ese Grupo Municipal no está acostumbrado a respetar.
Así, en el procedimiento de restablecimiento se han incoado un expediente de restablecimiento, declarando parte de la obra (rebaje de la parcela y movimientos de tierra) manifiestamente incompatible, lo que ha dado lugar a una sanción y a la imposición de multas coercitivas; requerir a la legalización del resto de las obras, si procede y a ratificar la paralización de las mismas, bajo pena de incurrir en un delito de desobediencia.
Además, el área competente ha levantado acta para ver si las obras del depósito y el almacén de aperos se ajusta a la licencia concedida, todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que el constructor y el promotor haya podido incurrir y que se pondrán, en su caso, en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.
No obstante, el equipo de Gobierno, recuerda al PP que no son los más idóneos para dar consejos de conducta medioambiental, pues en su etapa de gobierno permitieron la continuación de lixiviados en el vaso B del vertedero situado en el Arroyo de los Toros del municipio mijeño, circunstancia ésta que sí es un delito medio ambiental regulado en el Artículo 325 del Código Penal. En cambio, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha destinado una partida presupuestaria de 1,2 millones de euros para el sellado del vaso B del citado vertedero, con objeto de impedir que se siga provocando un daño irreversible al medio ambiente y a la salud de las personas.
