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(ViAndalucía) El Gobierno Andaluz puede contravenir el mandato del parlamento.El Ejecutivo Andaluz se aleja del compromiso adquirido a instancias de una PNL aprobada por unanimidad por el Parlamento. Conforme a la misma, en marzo de 2015 se puso en marcha el «Programa Vida Independiente» gestionado por la Asociación Viandalucía.
El modo de financiación elegido y la actual pasividad de la Dirección General de las Personas con Discapacidad dejan en entredicho la continuidad del Programa y del proceso, peligrando la apuesta por las políticas de asistencia personal y vida independiente en Andalucía, que se vienen mostrando como inversiones eficaces en empleo y en derechos, ideales en tiempos de crisis.
En octubre de 2013 el Parlamento Andaluz, a instancia de Viandalucía, aprueba por unanimidad una PNL por la que se pretende impulsar la Asistencia Personal en Andalucía, herramienta para la promoción de una vida independiente en igualdad de oportunidades. En ella se insta al Consejo
de Gobierno con urgencia a «… Que, con carácter de urgente necesidad vital, se considere la implantación y el desarrollo de la prestación de la asistencia personal, reconocida como un derecho básico » (Artículo 19 de la Convención de la ONU)…» y » … posibilitar la puesta en marcha de un proyecto piloto que a la par que muestre de forma tangible los beneficios de la prestación de Asistencia Personal, presente un carácter subsidiario…», «en tanto en cuanto no se desarrolle la prestación de forma efectiva y suficiente (Artículo 19.) Este mandato fue asumido por el ejecutivo andaluz en el Encuentro sobre asistencia personal celebrado en el Parlamento Andaluz, presidido por la actual Consejera y, con la puesta en marcha del «Programa Vida Independiente»(marzo de 2015).
Desde entonces este Programa lo gestiona Viandalucía, siendo sometido a evaluación externa por un equipo de la Universidad Pablo de Olavide gracias a un convenio con la Universidad Internacional de Andalucía.
Sin embargo, sujeto a una subvención en concurrencia pública, modo de financiación con el que Viandalucía siempre se mostró en desacuerdo, el proyecto está próximo a expirar sin que se haya regularizado aún la universalización en Andalucía de la asistencia personal, preveyéndose, en el mejor de los casos, una parada del «Programa» de al menos dos meses. Ello paralizaría los proyectos vitales de los participantes; se perderían unos empleos dignos y estables (algunas son personas en riesgo de exclusión social); volvería a las familias la responsabilidad de los apoyos, lastrando sus proyectos de vida; se interrumpiría la evaluación en ciernes y en definitiva se
incumplirían la PNL y el compromiso del Gobierno Andaluz.
En esta tesitura la pasividad de la administración autonómica nos causa gran temor, por la posible involución en cuanto a las políticas de asistencia personal y vida independiente en Andalucía, políticas que se vienen mostrando muy eficaces y rentables.
