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Esta situación se ha producido ante la negativa de los voluntarios de Protección Civil a prestar el servicio.
(Prensa Ayto Torremolinos) Ante la negativa de los voluntarios de Protección Civil a prestar el servicio de salvamento, socorrismo y emergencias sanitarias en el litoral, el Ayuntamiento de Torremolinos se ha visto en la obligación de adjudicar el servicio a dos empresas para garantizar la prestación de los servicios en las playas del municipio. De ahí, que dos empresas gestionan desde hoy este servicio, a través de dos contratos menores, hasta que se saque a concurso dichos servicios.
El Consistorio ha querido dejar claro que se le había ofrecido a todos los voluntarios que estaban prestando labores de socorrismo, salvamento y emergencias en el litoral hasta el momento, la posibilidad de que fuesen contratados por las empresas adjudicatarias de estos contratos menores. La gran parte de los voluntarios se han negado a seguir prestando servicio con dichas empresas.
Estas empresas cubrirán exactamente las mismas tareas y horarios que se venían cumpliendo hasta ahora en las playas de Los Álamos, Playamar y La Carihuela de 11 a 19.00 horas tanto en las torres de salvamento, ambulancia de traslado, atención a víctimas de accidente en la zona marítimo terrestre y emergencias sanitarias.
Antecedentes
Según los informes realizados por el secretario general y el interventor municipal, el Consistorio no puede realizar pagos a las personas adscritas a Protección Civil, que venían realizando las tareas de salvamento y socorrismo en las playas de Torremolinos desde el año 1996. Concretamente, el interventor ha realizado informe de reparo, posteriormente ratificado por el secretario, afirmando que no se puede reconocer obligación de pago de dietas ni de indemnización por razón del servicio.
Desde el Consistorio se ha precisado que la Tesorería General de la Seguridad Social había impuesto una sanción al Ayuntamiento de Torremolinos por importe de 126.603 euros por considerar que los voluntarios que prestaban servicios durante la pasada legislatura debían tener alta en Seguridad Social, estableciendo que también debía proceder al pago de 35.758,18 euros por las cuotas de Seguridad Social correspondientes al periodo de junio a septiembre de 2013 de dichos voluntarios.
Igualmente, el Juzgado de lo Social nº 10 de Málaga y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en noviembre de 2015 y de mayo de 2016 respectivamente, han declarado mediante sentencia que «voluntariado y remuneración son incompatibles; de modo que, sin perjuicio de que el voluntario sea resarcido de los gastos generados para cumplir su compromiso, aquella relación se caracteriza esencialmente por el compromiso libre y altruista de prestar un servicio de forma solidaria y no retribuida».
El equipo de Gobierno ha querido dejar constancia que se ha actuado con «diligencia y rapidez para solventar una situación heredada que muestra, una vez más, la pésima gestión de los servicios que ha realizado el anterior equipo de Gobierno del PP y que tantos perjuicios económicos están causando a las arcas municipales».
