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(Prensa Ayto Fuengirola) La alcaldesa, Ana Mula, ha querido facilitar los datos de los procesos judiciales ante la desinformación ofrecida por los grupos en la oposición a lo largo de los últimos meses.
Las obras del complejo Elola, nave de Bomberos, Ayuntamiento, aparcamiento del Rosario, Tenencia de Alcaldía de Los Boliches y el servicio de Bomberos han sido objeto de procedimientos.»Hemos defendido los intereses de los fuengiroleños, porque siempre buscamos lo mejor para ellos. Somos uno de los ayuntamientos más transparentes de España», ha afirmado la regidora
De una manera clara y contundente; así se ha mostrado esta mañana en rueda de prensa la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ante las informaciones parciales y tergiversadas que algunos grupos en la oposición han manifestado en los últimos meses en lo que se refiere a los procedimientos judiciales de los que el Ayuntamiento es parte. La regidora ha hecho referencia a procesos como las reclamaciones por distintas obras (Complejo Elola, nave de Bomberos, aparcamiento del parque del Rosario y Ayuntamiento), así como al trámite para reclamar los costes del servicio de Bomberos que el Consistorio fuengiroleño prestó al municipio vecino de Mijas durante años.
Para comenzar, Ana Mula ha advertido que determinados grupos en la oposición prefieren ofrecer una información «tergiversada, en vez de completa» tan solo por poner en tela de juicio la gestión del equipo de gobierno. Es más, ha indicado que siempre la postura que se mantiene, en este caso en un procedimiento judicial, se corresponde con el asesoramiento que ofrecen los técnicos municipales, ya que al fin y al cabo ellos son los especialistas en las distintas materias y buscan lo mejor para los intereses del municipio.
Mula ha ido poco a poco desgranando los distintos proyectos que han sido objeto de procesos judiciales no sin antes hacer referencia a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el instrumento jurídico que es garantía para obtener la financiación y de esta manera hacer realidad inversiones importantes. En este sentido, ha recordado que este documento comenzó a tramitarse en 2004 y tardó siete años en conseguir la aprobación definitiva, un aspecto que condicionó el cobro de los convenios urbanísticos. «Por desgracia, parece ser que para algunos la política prima por encima de los intereses de una ciudad. La Junta de Andalucía tardó siete años en aprobar nuestro Plan General cuando si hubiese sido diligente, esto habría tardado tres o cuatro años, nunca siete», ha afirmado Ana Mula.
La falta de ese visto bueno impidió invertir en la ciudad el 25% de los convenios urbanísticos, cantidad que se debe aportar al principio. A pesar de que era una vía económica fundamental eso no paralizó la realización de proyectos clave que a día de hoy son esenciales para el municipio y para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía, la prioridad del equipo de gobierno. La regidora ha puesto como ejemplo el Complejo Deportivo y Social Elola, unas instalaciones creadas en el barrio de El Boquetillo donde se aúnan pistas deportivas de todo tipo, una piscina olímpica, una biblioteca, un hogar social y un aparcamiento con más de un millar de plazas.
La constructora en cuestión endosó las certificaciones de obras a los bancos, por lo que el Ayuntamiento pagó dichas certificaciones a las entidades bancarias. No obstante, la empresa consideró que debían abonarse una serie de intereses por dichas certificaciones, por lo que interpuso un recurso. El Consistorio ganó en primera instancia al argumentar desde Asesoría Jurídica que los intereses reclamados correspondían a certificaciones endosadas y se advirtió que los bancos se habían acogido a la línea de pago a proveedores, lo que conllevaba a la renuncia expresa de los intereses. Fueron unos argumentos aceptados íntegramente por el juzgado, que da la razón al Ayuntamiento cuando se opone a la deuda y se niega a su reconocimiento, llegando incluso a condenar a la empresa al pago de las costas del procedimiento juridicial. Pero la entidad recurrió y el tribunal de apelación le dio la razón sin que quepa ahora un recurso de casación. La postura mostrada por el Ayuntamiento siempre vino avalada por los especialistas jurídicos.
En cuanto a las obras de la Tenencia de Alcaldía, la regidora en este caso ha dejado claro que se trata de una discrepancia en lo que se refiere al coste de la obra ejecutada, es decir, la liquidación de la misma. Ana Mula ha recordado los difíciles momentos que tanto el Ayuntamiento como los vecinos y comerciantes de Los Boliches atravesaron debido al gran retraso de los trabajos, los cuales inicialmente se debían haber ejecutado en siete meses. «Era un plazo ajustado y cuando llega el vencimiento ni por asomo las obras estaban terminadas. Pero es más, es que un año después tampoco lo estaban, por lo que optamos por la resolución del contrato ya que la situación era insostenible», ha valorado la alcaldesa.
El Ayuntamiento comunicó a la empresa la liquidación de los trabajos, una valoración que fue realizada por los técnicos y por una empresa de ingeniería. No obstante, ésta no estuvo de acuerdo con la cantidad y después interpuso una reclamación con la cantidad que consideraba. «Tengo la obligación de defender los intereses de los fuengiroleños y no los de las empresas, aunque parece que otros sí. No comparto la sentencia, pero no tengo más remedio que cumplirla. Es mi obligación», ha indicado Ana Mula.
Ya en lo referido a la construcción de la Nave de Bomberos la alcaldesa ha señalado que en este caso sólo se reconocen los intereses de una certificación que no estaba acogida al plan de pago a proveedores. Aquí ha querido hacer un paréntesis y ha criticado el doble rasero de determinados grupos en la oposición. «¿Se está cuestionando que se hiciese la nave de Bomberos? Fue este equipo el que dotó a estos trabajadores de unas instalaciones adecuadas para que puedan ejercer sus funciones», ha indicado Ana Mula.
En cuanto a la creación del nuevo Ayuntamiento y del aparcamiento del Rosario la alcaldesa ha señalado que el Consistorio ha ganado en primera instancia y que por ahora no existe sentencia firme, pese al enorme interés manifestado por la oposición. Y ya ha hecho referencia a la reclamación interpuesta por el Ayuntamiento de Fuengirola contra el de Mijas por el servicio de Bomberos. Hay que recordar que durante años Fuengirola dio cobertura al municipio vecino de Mijas, por lo que se solicitaron los costes derivados. No obstante, el procedimiento se ha desestimado pues en su día los alcaldes del PSOE que dirigían sendos consistorios no realizaron la tramitación pertinente. «Los dos alcaldes de entonces incumplieron un mandato del pleno, pues tenían que haber creado un consorcio. Obviaron ese procedimiento y decidieron que Fuengirola prestaría el servicio a Mijas. Ha sido, sin duda, la peor decisión tomada por este Ayuntamiento», ha valorado la alcaldesa.
Por otro lado, frente a las acusaciones de falta de información Ana Mula ha reiterado que los más de 400 escritos presentados en lo que va de legislatura por la oposición han sido cumplimentados. «Lo que no podemos dar es información que no existe, como es el caso del listado de sentencias o demandas, que insisto, no existe», ha señalado Ana Mula, quien ha defendido la gran labor que realizan los técnicos municipales.
«No estamos eludiendo responsabilidades, sino reconociendo la realidad a los fuengiroleños, dejando a un lado la desinformación y la tergiversación de los hechos que otros grupos muestran. Si la Junta hubiese aprobado nuestro Plan General en el plazo normal, todas esas obras que se ejecutaron y que estaban financiadas con los fondos de los convenios habrían sido satisfechas de manera puntual. Pero tardó mucho tiempo y cuando ya se aprobó estábamos inmersos en una profunda crisis», ha indicado. No obstante, la alcaldesa ha defendido que era absolutamente necesario «mejorar e invertir en nuestra ciudad, buscar lo mejor para los fuengiroleños y a la vista está que no nos hemos equivocado». A su vez, ha resaltado que Fuengirola es de los municipios más transparentes de España como dejan ver entidades independientes como Dyntra o Transparencia Internacional.
