Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 10 segundos
• Martínez, que cobra 42.000 euros al año del dinero de todos los mijeños gracias a C’s y PSOE, vuelve a retardar la marcha de la Comisión ocultando información a sus componentes otra vez
• Los populares insisten en que es esencial conocer estos datos así como que comparezcan el jefe de la Asesoría Jurídica, la jefa del departamento de Subastas y de la jefa del Registro de Entrada
(Nota Prensa PP Mijas) Lo de la Comisión de Subastas empieza a pasar ya de astracanada de mal gusto a ridículo de inverosímiles proporciones. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mijas, Mario Bravo, ha cuestionado hoy el nuevo bandazo del presidente a sueldo de la Comisión de Subastas, Francisco Martínez (CSSPTT), quien, tras recibir la información que él mismo reclamaba, se niega ahora a compartirla con el resto de integrantes de la Comisión.
«No comprendemos cómo el presidente a sueldo se da mucha prisa por suspender la Comisión, quejándose de que el tesorero no nos daba los expedientes de las subastas porque nos considera a los integrantes de la misma terceros, pero luego, cuando los tiene en su poder, se niega a abrir el sobre con toda esa información y a trasladarla al resto de integrantes de la Comisión. Es como si quisiera ocultar algo. Lo que antes era un derecho para el propio presidente, PSOE y C’s, ahora parece que se ha convertido en miedo a saber la verdad o a estropear un buen titular», manifestó.
De hecho, como ya denunció el propio Bravo hace una semana, el concejal de Hacienda (C’s) tenía en su poder los expedientes de las subastas desde el pasado 14 de junio, mientras que el presidente a sueldo Martínez recibió esta misma documentación el 20 junio. Sin embargo, no es hasta el 5 julio –un día después de que lo denunciara el PP públicamente- cuando, casualmente, admite haberla recibido.
Ahora el despropósito adquiere tintes cómicos cuando Francisco Martínez (CSSPTT) vuelve a convocar la Comisión, debido a la presión e insistencia del PP, y se contradice con lo que dijo junto a los concejales del PSOE y C’s al negarse a abrir el sobre que contiene la información que todos ellos reclamaban.
«Cada día estamos más convencidos de que la loable intención inicial de arrojar luz sobre las subastas que alegaban al inicio de la Comisión no era más que una farsa y que lo que de verdad pretendían era hacer ruido y alimentar una polémica inexistente. Desde el principio ya veíamos que era un paripé. No podemos denominarla de otra forma cuando después de dos meses aún no han llamado a comparecer a tres de los actores más importantes de este procedimiento: el jefe de la Asesoría Jurídica, la jefa de Subastas y la jefa del Registro de Entrada», aseguró.
Conclusiones
En este sentido, Bravo avanzó hoy algunas conclusiones provisionales, «a falta de visualizar los expedientes», sobre algunos de los casos que han salido en los medios de comunicación. Concretamente, se refirió a la vivienda de El Coto por la que el ex alcalde Ángel Nozal fue a declarar recientemente en calidad de investigado en el marco de unas diligencias previas a propósito de una denuncia interpuesta por sus propietarios.
En primer lugar, como relató, la subasta se celebró el 8 de junio de 2011, es decir, cuando gobernaba el PSOE en Mijas (quedaban tres días para que Nozal y su equipo tomaran posesión del gobierno). Dicha propiedad fue embargada, a tenor de la documentación con la que cuenta el PP por multas coercitivas que su propietario conocía durante años y no pudo o no quiso pagar. En este sentido, Bravo recordó que el PP cambió las bases de ejecución de este proceso para permitir que éstas se abonaran en un periodo máximo de diez años.
La subasta en cuestión quedó desierta, según Mario Bravo, «por falta de publicidad, ya que no acudió nadie». Por ello, cuando el PP llegó al gobierno decidió redoblar esfuerzos en este aspecto y publicar todas las subastas y adjudicaciones directas en todos los medios de comunicación municipales, en un perfil de Facebook así como en los tablones de anuncios de las comunidades donde se situaba el bien afectado.
Por otra parte, la vivienda subastada no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad, «por lo que lo que en realidad se subastaba era una parcela sin escritura de obra nueva y sin licencia de primera ocupación, lo que hará muy difícil hacer contratos de suministro de agua y electricidad». Asimismo, este bien inmueble en cuestión tenía dos hipotecas y un embargo, «por lo que el valor del mismo para el propietario era muy reducido».
Por último, Bravo reiteró que la adjudicación se produjo como consecuencia de un recurso que interpuso la persona que hizo la puja más elevada. Una acción que contó con todos los informes favorables de todos los funcionarios que intervienen habitualmente en los procesos de adjudicación directa (jefe de la Asesoría Jurídica, abogada del departamento de Recaudación, el interventor y el jefe de Recaudación. (Visualiza el decreto pinchando aquí). Dicha resolución, como deja claro el propio documento, no era firme, ya que permitía a la parte perjudicada interponer un contencioso administrativo. Algo que no se produjo. Sí, en cambio, la conocida denuncia (en el año 2014) que dio origen a las diligencias previas abiertas y hechas públicas por varios medios de comunicación.
«Toda esta información debe verse confirmada con el estudio de los expedientes que ahora niega y oculta el presidente a sueldo de la Comisión. Por eso, reclamamos al concejal de Hacienda (C’s) que entregue al resto de concejales los expedientes completos que son objeto de discusión», finalizó.
