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Los socialistas advierten de que se podrían perder 10.000 puestos de trabajo en Andalucía.
(Nota Prensa PSOE Málaga) El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado hoy que los socialistas llevarán a la Cámara Baja el riesgo que para el empleo suponen la proliferación de gasolineras desatendidas. Tras mantener una reunión con representantes de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio y de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles, ha adelantado que el PSOE presentará una iniciativa en el Congreso con las reivindicaciones del sector que pide, ante el crecimiento de este tipo de negocios, regulación, garantizar la seguridad de las instalaciones y unas condiciones que den garantía a los usuarios y al entorno donde se instala este tipo de estaciones de servicios.
Heredia ha señalado que las propias asociaciones del sector han alertado de la pérdida de empleo que están causando estas estaciones de servicio. «Si hay un asunto que estas gasolineras desatendidas ponen en peligro y que es prioritario para los socialistas, son los puestos de trabajo. En Andalucía si este modelo de negocio sigue su avance se podrían perder 10.000 empleos», ha dicho. En nuestra comunidad existen unas 2.000 gasolineras de las que unas 80 están desatendidas.
Asimismo, ha apuntado que los datos facilitados por los sindicatos de la provincia de Málaga «no son menos preocupantes». En Málaga hay 277 estaciones de servicio, veintidós de ellas desatendidas. La previsión es que se doble esa cifra en el próximo año. «Con este nuevo modelo de gasolineras desatendidas, se ha disparado la apertura de estas en nuestra provincia. Veintidós en año y medio, cuando en los últimos diez años en nuestra provincia la media de apertura de estaciones de servicios era de dos cada año. Entre los puestos de trabajo no creados y los despidos que se han producido, por ahora, se han perdido más de 60 puestos de trabajo estables en nuestra provincia», ha detallado.
Además de por la pérdida de empleo, Heredia se ha referido a otras cuestiones por las que también se ha criticado a este tipo de establecimientos, como por el retroceso en los derechos de los consumidores y usuarios, porque impiden el acceso de las personas con discapacidad a ser suministrados, por el peligro que supone dejar a disposición de quien quiera, el carburante sin un control efectivo, porque suponen un incumplimiento en materia de seguridad industrial y por la inseguridad jurídica que genera una legislación contradictoria.
«Este tipo de gasolineras no garantizan la igualdad de condiciones para todo el mundo.No todo el mundo sabe enfrentarse a una máquina que tiene que cobrarte y autorizarse el uso de una estación para echar combustible. No todo el mundo tiene condiciones físicas para hacerlo. No todo el mundo tiene la pericia para manejar gasolina y hacerlo sin comprometer la seguridad propia y de los que están a su alrededor», ha explicado.
Por todo ello, ha señalado que los socialistas van a registrar una iniciativa -una Proposición no de Ley- en el Congreso en consonancia con la que se ha aprobado este mes de julio en el Parlamento andaluz, también a instancia del PSOE. En esa iniciativa, según Heredia, los socialistas van a pedir al Gobierno que se modifique el Real Decreto 1/2007, para que haya al menos un empleado en las estaciones de servicio para atender a personas consumidoras en horario diurno; que se publique la nueva revisión de la instrucción técnica complementaria IP-04 relativa a estaciones de servicio, para aclarar, concretar y hacer más rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas, que se garantice la Unidad de Mercado prevista en la Ley 20/2013 y que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas.
«No se puede perder empleo en Andalucía ni Málaga, y por eso queremos que estas gasolineras tengan al menos un empleado. Nuestra prioridad, la prioridad del PSOE de Andalucía es la creación de empleo en Andalucía y en la provincia de Málaga. En este sentido, vamos a registrar de forma inmediata esta Proposición no de Ley (PNL), estamos hablando de una cuestión muy importante que afecta a la seguridad, que afecta al empleo y que afecta a los derechos de los consumidores y usuarios. No podemos permitir la instalación de este tipo de gasolineras que hacen una competencia desleal y que únicamente buscan conseguir un negocio sin crear un solo puesto de trabajo», ha concluido Heredia.
Por su parte, el parlamentario andaluz del PSOE Francisco Vargas, que defendió la PNL en el Parlamento andaluz, ha recordado que el mayor aumento de este tipo de gasolineras sin personal comienza con la ley 11/2013 del PP, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo. «En esta ley del PP, se promueve la construcción de unidades de suministro y estaciones de servicio en régimen desatendido, pero esta normativa conlleva una invasión de competencias en materia de seguridad industrial y defensa del consumidor», ha dicho. Porque, según Vargas, bajo el reclamo de un combustible más económico, la mayoría de estas gasolineras no sólo apuestan por el autoservicio, sino que «se suprime todo empleado». «Ya no hay quien controle si se derrama combustible o si el conductor reposta hablando por teléfono móvil o con el motor en marcha. Por tanto, está en riesgo la seguridad de las instalaciones, la calidad del servicio y la afectación al medio ambiente», ha dicho.
«No podemos ser partícipes de políticas liberales como las del PP que permiten seguir deteriorando el empleo y a nuestra clase trabajadora, cuando existen razones más que justificadas para mantener los puestos de trabajo», ha asegurado Vargas. Por ello, ha defendido que desde el PSOE proponen articular e implantar una normativa que aclare la situación jurídica de las gasolineras desatendidas y, a la vez, garantice plenamente la seguridad de estas instalaciones así como el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras.
