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• El ex alcalde, Ángel Nozal, es el responsable de la empresa municipal cuando comenzó la edificación sin proyecto, ni licencia de obra, ni expediente de contratación
• La auditoría realizada a dicha sociedad ha reflejado supuestas irregularidades con la construcción anexa a los actuales estudios, la señal de la emisora o el presunto fraude de ley cometido con los trabajadores autónomos
(Prensa Ayto Mijas) La nave a medio construir ubicada en el anexo a los estudios de Mijas Comunicación se encuentra ya en sede judicial por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La empresa municipal se halla inmersa en un proceso legal donde la justicia tendrá que esclarecer esta gestión presuntamente irregular del ex alcalde del PP, Ángel Nozal. El edificio en cuestión está sin finalizar y carece de expediente de contratación, estudio de seguridad y salud, proyecto, licencia de obra, y dirección facultativa, entre otros elementos esenciales. Así pues, se trata de una actuación totalmente desconocida para los funcionarios municipales donde ni tan siquiera se sabe quién es el constructor de la misma o el coste que ha tenido para las arcas municipales.
Según consta en el expediente de infracción urbanística que califica la presunta construcción ilegal como una infracción muy grave y obliga a la paralización de los trabajos, la valoración de la nave asciende a 160.871,57 euros. Todos estos factores obligan al equipo de Gobierno de Ciudadanos a pedir responsabilidades al ex regidor, Ángel Nozal, que ya está investigado (antes imputado) por la justicia por un tema de subastas. Los casos que aparecen sobre presuntas irregularidades en el Consistorio durante el mandato del PP mijeño proliferan por días, hecho que preocupa a los nuevos munícipes.
El actual alcalde de la ciudad, Juan Carlos Maldonado, encargó una serie de auditorías para las empresas municipales una vez que alcanzó la alcaldía. El análisis realizado a Mijas Comunicación con la consiguiente aparición de presuntas irregularidades con la nave de 340 televisión, la señal de dicha emisora o el presunto fraude de ley cometido con doce trabajadores autónomos de la sociedad, fue uno de los motivos por los que se rompió el pacto de gobierno entre Cs y PP.
