Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 2 segundos
La construcción de una depuradora en el Guadalhorce que se proyectó en 2003 es una prueba más del «abandono» al que la Junta de Andalucía somete a esta comarca.
(Prensa Ayto Coín) La falta de depuración de las aguas residuales en el Valle del Guadalhorce se ha convertido en un grave problema en esta comarca malagueña. El proyecto para construir una estación depuradora en el bajo Guadalhorce, que afecta a los municipios de Álora, Pizarra y Coín, acumula años de retraso y la actuación está paralizada. Por este motivo y ante las declaraciones efectuadas por el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el alcalde de Coín, Fernando Fernández, y el de Pizarra, Félix Lozano, así como la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, han calificado de «irresponsables» las palabras del consejero del gobierno andaluz al culpar a los Ayuntamientos de ralentizar las obras de la depuradora. Concretamente, en su intervención en el Parlamento Andaluz, acusó a los entes locales de no ponerse de acuerdo a la hora de constituir un ente para la gestión y mantenimiento de la infraestructura.
Para el alcalde de Coín esta acusación es «una mentira más de la Junta para no cumplir con sus competencias y seguir discriminando a la comarca del Guadalhorce». El regidor, indicó que los ayuntamientos han sido los que han mostrado su compromiso para que este proyecto se ejecute aprobando en dos ocasiones el convenio que les presentó la Junta y su modificado, en el documento se comprometían a crear el ente de gestión tres meses antes de la terminación de la obra. «No han construido los colectores ni pagado las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos afectados, ni tampoco han dado ni un paso en la obra de la EDAR, así que es una irresponsabilidad culparnos de los retrasos de la construcción a los ayuntamientos», ha afirmado Fernández. El alcalde de Coín ha recordado que este proyecto se planteó en el año 2003 y que en 2015 se debía estar cumpliendo con el vertido cero. Además insistió en que todos los ciudadanos del Guadalhorce pagan en su recibo del agua un canon por depuración sin que se reciclen las aguas.
Por su parte, la diputada de Medio Ambiente insistió en el grave daño ecológico que se está produciendo en el río Guadalhorce y su desembocadura debido a los vertidos de una población superior a los 100.000 habitantes. «Esta situación podría ser irreparable si se siguen echando las aguas fecales a nuestros ríos y acuíferos», ha señalado Bravo, que ha recordado que la Junta, teniendo la obligación de destinar los fondos europeos que recibe a la construcción de estas infraestructuras, no las realiza y encima sanciona por los vertidos a los ayuntamientos.
En esta misma línea se pronunció el alcalde de Pizarra que, desde la misma parcela en la que se emplaza el proyecto, aseguró que «los ayuntamientos han hecho los deberes» y pidió al consejero que se reúna con los representantes municipales de las localidades afectadas «para conocer la realidad de esta comarca».
Una comarca que ha tenido que unirse para reivindicar numerosas carencias al gobierno andaluz como ha sido el hospital, que aún no está abierto al 100%, o la carretera de unión entre Coín y la autovía. Obras que han llegado después de más de una década de reclamaciones y que ahora se repite en el caso de la construcción de la depuradora. El coordinador de la Plataforma en defensa del Guadalhorce, Francisco Rueda, se ha unido a la indignación de los alcaldes y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a las posibles acciones que se vayan planificando.
