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• La empresa arrendataria alega que realizó una inversión cercana al millón de euros para una actividad que sólo ha desarrollado tres años, a lo que habría que sumarle el lucro cesante del resto de 17 años en los cuales tenía «el alquiler» y no ha podido llevar a cabo el uso de la misma
• La mercantil califica de «engaño y perjuicio» lo que han sufrido tras haber confiando en los representantes municipales de hace cuatro años
(Prensa Ayto. Mijas) El Ayuntamiento de Mijas y, por ende, todos sus vecinos vuelven a sufrir las consecuencias de la gestión del Partido Popular al frente del Consistorio y, en este caso, también a la cabeza de Recursos Turísticos de Mijas, empresa en su mayoría municipal, encargada del Hipódromo Costa del Sol. La sociedad «Costa del Sol Ocio y Karting SL», arrendataria del solar de 13.360 metros cuadrados ubicado en las inmediaciones del recinto hípico para el desarrollo de una actividad de karting, ha realizado una reclamación patrimonial al Ayuntamiento que podría alcanzar cifras millonarias para las arcas municipales.
La mercantil alega que realizó una inversión cercana al millón de euros para una actividad que sólo ha desarrollado tres años a lo que habría que sumarle, si esta reclamación prospera, el lucro cesante del resto de 17 años en los cuales tenía la concesión y no ha podido llevar a cabo el uso de la misma, además de otros perjuicios. La sociedad relata en su documento que efectuaron dicha inversión con «el apoyo y conformidad municipal».
«En base a los principios de buena fe y confianza legítima que nos inspiraba el hecho de suscribir dicho acuerdo con representantes del Ayuntamiento nos hacía imposible pensar que finalmente sufriésemos ese engaño y perjuicio», relata el escrito presentado al Consistorio.
El problema se remonta a febrero de 2012 cuando la entonces consejera delegada de Recursos Turísticos de Mijas y ahora diputada provincial del PP, Lourdes Burgos, firmó un contrato con dicha mercantil para alquilar los terrenos durante dos décadas. En el año 2015 el actual gobierno municipal ordenó el cierre del karting por haber estado funcionando presuntamente con una ocupación incompatible con su calificación urbanística en una construcción sin licencia de obra, pues suponía un peligro para la vida de los usuarios mantener una actividad de riesgo que no cumple con todas las garantías.
Asimismo, se inició un expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado para la demolición de lo construido sin amparo de licencia municipal que, en este caso, estaba compuesto de una edificación destinada a boxes. Por último, el expediente de restablecimiento ha generado la incoación de un expediente sancionador por ejecutar actos sin licencia.
Pero, aparte de todo esto, el contrato rubricado entre Burgos y la empresa acoge un anexo donde se deja ver que conocían el Plan Parcial mijeño. A este respecto cabe destacar que esa parcela debe destinarse a equipamiento además de contar con una parte de la misma en zona verde, luego el Partido Popular era conocedor que los terrenos en el futuro desarrollo del sector pertenecerían al Ayuntamiento de Mijas y no a Recursos Turísticos, debiendo someterse a un procedimiento de contratación pública para su disposición. Sin embargo, a pesar de conocer el documento urbanístico de Mijas, Burgos se comprometió hasta 2032 con la empresa de la actividad automovilística para el uso de la misma a lo que hay que sumar que todo ello se llevó a cabo sin que conste un expediente de contratación.