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(Nota Prensa Izquierda Unida) Alcaldes y concejales de Izquierda Unida en la provincia han suscrito el «Manifiesto de Oviedo», que un apuesta contra la política que desde el Gobierno Central está asfixiando a los ayuntamientos, por la devolución de los intereses abusivos cobrados por los bancos y el cese inmediato de los recortes y las políticas de austeridad.
Consideramos la modificación del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la ‘Ley Montoro’ de la Administración Local unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática. De hecho, la ‘Ley Montoro’ ha sido declarada parcialmente inconstitucional. La aplicación de estas normas socava la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y ataca los derechos de la ciudadanía.
Los firmantes recuerdan que en etapa electoral, el gobierno sí ha aliviado la deuda, como en 2015, cuando eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos y los postergó al año siguiente, imponiendo incluso a los bancos una rebaja en los intereses durante siete años, reconociendo así que éstos eran claramente abusivos.
«Llevamos desde 2010 soportando unos salvajes recortes económicos y de derechos. En el último año, el Gobierno ha seguido aplicando la austeridad impuesta desde la UE, con especial saña hacia ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas a la población.
Los ediles malagueños, junto al de todas las provincias españolas que han suscrito dicho manifiesto, piden un cambio radicar de la política de asfixia financiera, con la derogación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
A cambio, se comprometen a apoyar la constitución de un frente formado por los municipios, las Comunidades Autónomas y las nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación; «un frente que permita romper el aislamiento y la fragmentación; un frente que permita tomar iniciativas para cambiar de manera favorable la correlación de fuerzas respecto al Gobierno; un frente donde los municipios fuertes brinden apoyo a los más débiles y más afectados por las deudas ilegítimas; un frente para tomar iniciativas y llevar a cabo acciones para liberarse del yugo de la deuda ilegítima y que permitan encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos».
También reclaman un proceso de auditorías con participación ciudadana de la deuda.
