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(Prensa Delegación de la Junta en Málaga) La delegada de Políticas Sociales exige al Gobierno Central que «cumpla con su compromiso de financiación y deje de restar atención a las personas dependientes»
La Junta de Andalucía ha destinado en lo que va de año en la provincia de Málaga 127 millones de euros a personas usuarias, entidades del tercer sector y corporaciones locales para el pago de servicios y prestaciones de dependencia, según ha indicado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, en una visita a la residencia para personas mayores El Buifarán, ubicada en el municipio de Casarabonela.
Ana Isabel González, que ha visitado las instalaciones de este centro, con 36 plazas públicas a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ha puesto en valor «el estupendo trabajo que realizan los profesionales que conforman el sistema de atención a la dependencia», para el que la delegada territorial ha exigido al Gobierno central que «cumpla con su compromiso de financiación como lo hacemos en Andalucía y deje de restar atención a las personas dependientes»
La responsable provincial de Políticas Sociales ha subrayado que la Junta de Andalucía realiza las liquidaciones de facturas correspondientes para mantener un Pilar del Estado del Bienestar que beneficia en la provincia de Málaga a 27.900 personas con 36.400 prestaciones, «un esfuerzo del Gobierno andaluz» ha señalado la delegada territorial «a pesar de los recortes ejecutados por la Administración central, que han supuesto para Andalucía una merma de 508 millones desde 2012»
Durante la visita de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha agradecido a los profesionales «la atención que ofrecen a las personas que por su dependencia se encuentran en situación de vulnerabilidad» y ha acentuado Ana Isabel González «el buen hacer de los trabajadores y trabajadoras que con un plus de cariño en este centro prestan un servicio público a las personas mayores y sus familiares».
Incumplimiento del Gobierno central
En este sentido, Ana Isabel González recuerda que el propio Observatorio Estatal de la Dependencia ha denunciado, que el Gobierno central sólo aporta el 18 por ciento de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia -frente al 50% que fija la ley-, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo el 82% del gasto público certificado en el último año. Según explica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a la que pertenece este observatorio, esta conclusión se extrae de los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 remitidos por las Comunidades Autónomas.
El Observatorio también denuncia que si la Administración General del Estado no hubiera realizado los recortes en la financiación de la dependencia que llevó a cabo en el año 2012, Andalucía recibiría unos 110 millones de euros mas cada año, y si el Gobierno de España aportase la misma cuantía que la Junta de Andalucía en la financiación de la Dependencia -650 millones de euros más-, se podrían atender a 105.000 dependientes más, con lo cual no existiría Limbo de la Dependencia en Andalucía ya que todas las personas con el derecho reconocido estarían recibiendo las atenciones correspondientes.
La Comunidad andaluza cuenta con 232.000 prestaciones con-cedidas para 178.200 personas, el 23,3% de las personas beneficiarias en el conjunto de España. Asimismo, 50.800 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que representa el 31% del total nacional, mientras que otras 67.300 son usuarias del Servicio de Teleasistencia (el 44% del conjunto de España).
