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El Grupo Municipal de IU está totalmente en contra de esta cada vez más clara privatización de los servicios municipales, aumentándose de nuevo de una forma significativa la cifra presupuestada adjudicada a empresas externas al Ayuntamiento con respecto a los dos últimos ejercicio 2015-2016.
(Grupo Municipal IU) Comparando los tres últimos presupuestos municipales, hemos pasado de un total de 3.184.773 euros en los de 2015, (lo que suponía un porcentaje del 7,5% de los gastos globales), a un aumento en casi tres puntos porcentuales y casi un millón de euros más en 2016, (concretamente ascendía a un total de 4.118.860,79 €, un 10,23 % del presupuesto global de gastos), y siguiendo la escalada, para este próximo ejercicio de 2017, el equipo de gobierno del PP alhaurino eleva esa cifra a un total de 5.580.649,05 €, o lo que es lo mismo, un alarmante porcentaje del 13,15 % de la partida global de gastos, es decir, que se aumenta en casi un millón y medio de euros y roza otra vez los tres puntos porcentuales más con respecto al año que se acaba.
En un análisis pormenorizado de los Presupuestos Municipales aprobados inicialmente por el gobierno del Sr. Villanova, observamos que algo más de la mitad de esas privatizaciones figuran bajo la oscura y enigmática catalogación de «otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales» o «estudios y trabajos técnicos», en concreto el volumen presupuestado con esa denominación asciende a 2.931.700,27 €, un 52,53 % del total de servicios privatizados, o como el gobierno del PP llama eufemísticamente «externalizados». Dos clarísimos y sangrantes ejemplos de que la mayoría de estos servicios privatizados lo son innecesariamente son las contrataciones que se realizan de forma sistemática para temas jurídicos (a pesar de contar con una amplia y experimentada plantilla de letrados dentro de la plantilla municipal), o las que realiza la Concejalía de Urbanismo a empresas privadas para que hagan estudios y trabajos que, pensamos, perfectamente podrían realizar los técnicos municipales de dicha concejalía de urbanismo, dándose la circunstancia de que hay un total de cinco técnicos en nómina municipal con el rango máximo de cualificación profesional en su sector, el A1.
En la actualidad podemos afirmar con rotundidad que se siguen privatizando innecesariamente muchos trabajos o servicios, o si no, habría que deducir que este equipo de gobierno piensa que sobran técnicos municipales, al no considerarlos cualificados para realizar ciertos trabajos y actividades propias del área de Urbanismo o de los servivios jurídicos.
La siguiente partida en la que más se gasta es en la correspondiente al «Servicio de Recaudación a favor de la Entidad», o lo que es lo mismo, el Patronato de Recaudación Provincial, perteneciente a la Diputación Provincial de Málaga, para cuyos servicios van destinados 1.400.000 €, el 25,08 % del total del gasto «externalizado». Se da la curiosa circunstancia de que ya venía presupuestada esta cantidad en el borrador de los presupuestos municipales aprobados inicialmente este pasado 25 de noviembre con los únicos votos favorables de los concejales del PP, antes de ser llevado este tema a pleno extraordinario el 19 de diciembre, de una forma precipitada, con una cuanto menos asombrosa urgencia, mostrando una absoluta falta de planificación y sin el tiempo y la información necesarios para su correcto estudio, previo a la aprobación.
Aún así, el grupo popular ha aprobado la delegación durante los próximos cuatro años de la gestión y embargos de impuestos, tasas y multas al Patronato de Recaudación de Diputación, sin que hayan presentado un estudio serio y riguroso que demuestre la idoneidad de seguir «externalizando» este servicio de recaudación, ni si mejora económicamente al acuerdo anterior con el ente supramunicipal, ya que no se ha aportado una cuantificación exhaustiva de los supuestos beneficios que supondrían a las arcas municipales, en contraposición con una posible municipalización, con una gestión pública propia.
En la tercera partida en la que más dinero se privatiza es en el apartado de «limpieza y aseo», con un volumen global de 1.110.098,78, es decir, un 20 %. No entendemos el porqué este servicio no podría gestionarse directamente a través de una gestión pública municipal, con un volumen de contratación importante y bajo los parámetros que deben siempre regir cualquier base de empleo público los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
¿Por qué nos parece tan grave que se aumente de forma exponencial año tra año el gasto del presupuesto público de nuestro ayuntamiento destinado a empresas privadas? Por dos razones esenciales:
La primera, porque al privatizar estos servicios municipales, se dejan de realizar contrataciones para puestos de trabajo y empleos municipales por parte del Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio al no poder fiscalizar, investigar ni controlar cómo y a quién se contrata, dejando al libre albedrío de las empresas privadas contratadas las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, desgraciadamente cada vez más penosas y abusivas. Además, se da la «curiosa casualidad» de que muchas de las empresas a las que se contratan esos servicios privatizados suelen pertenecer a personas muy cercanas al equipo de gobierno actual, como ya nos tiene tristemente acostumbrado este gobierno municipal del PP. Este hecho, repetido año tras año, nos parece escandaloso a nuestro grupo municipal de IU, y en especial a una mayoría de la ciudadanía alhaurina.
En segundo lugar, porque al privatizarse esos servicios, quedan inmediatamente fuera de la imprescindible fiscalización por parte de los concejales y grupos de la oposición, y por ende, del conjunto de la población alhaurina, con el consiguiente peligro que ello conlleva por no poder salvaguardar la transparencia del destino del dinero público.
Por último, desde Izquierda Unida no nos cansaremos de denunciar una vez más la intención de que quererle dar apariencia de legalidad al clientelismo político y a las privatizaciones masivas, a través de su inclusión en los Presupuestos Municipales, amparados por el «austericidio» impuesto por los gobiernos del Partido Popular.
