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(Prensa Diputación de Málaga)La Diputación de Málaga y el Colegio de Abogados actúan conjuntamente para agilizar las reclamaciones
La Oficina de Intermediación Hipotecaria, en la que trabajan conjuntamente la Diputación de Málaga y el Colegio de Abogados, ha comenzado a atender a personas afectadas por las cláusulas suelo. De momento, casi un centenar de personas han solicitado información sobre cómo realizar reclamaciones a los bancos para que devuelvan el dinero cobrado indebidamente.
El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, han explicado hoy las acciones que se desarrollarán a través de la mencionado Oficina.
Bendodo ha comentado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a los bancos a devolver íntegramente el dinero cobrado por las cláusulas suelo abusivas ha generado muchas dudas entre miles de personas que compraron una vivienda y que pueden verse afectadas.
«A la espera de que el Gobierno concrete en un decreto el sistema que se arbitre para devolver el dinero cobrado indebidamente -ha añadido-, hemos empezado a asesorar a las personas que pueden reclamar. Es un ejemplo de que la Diputación responde con agilidad a los problemas de la ciudadanía».
En este sentido, ha explicado que la Oficina de Intermediación Hipotecaria es el instrumento más adecuado para canalizar estas reclamaciones. Esta Oficina se puso en marcha en septiembre de 2012 para dar respuesta a la necesidad de muchas familias malagueñas, que estaban en riesgo de ejecución hipotecaria y de desahucio y no sabían qué hacer ni adónde acudir.
«Nuestra mediación -ha concretado- y el trabajo desinteresado y altruista de más 130 abogados han hecho que el funcionamiento de esta Oficina haya resultado muy útil. En algo más de cuatro años, se han recibido más de 1.571 consultas, de las que 762 han derivado en atenciones por un letrado del Colegio de Abogados. Y, como dato más relevante por su repercusión social, se han evitado más de 500 desahucios en la provincia de Málaga».
A través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, se atenderá a las personas afectadas por las cláusulas suelo. En la Diputación se realizará una primera atención y mediación de los afectados, comprobando primero que tienen cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios de su vivienda. En este sentido, el requisito fundamental es que se trate de la vivienda habitual y que la persona que reclame no posea ningún otro bien inmueble.
Posteriormente, se derivarán a los letrados del Colegio de Abogados que colaboran altruistamente con la Oficina de Intermediación Hipotecaria para que valoren cada caso.
Las personas interesadas pueden contactar con la Oficina de Intermediación Hipotecaria de manera presencial, acudiendo a la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía, en la sede de la Diputación. A través del teléfono, llamando a la línea gratuita 900 770 001; o por correo electrónico a través de la dirección ventanillaunica@malaga.es.
Colegio de Abogados
Por su parte, Francisco Javier Lara ha comentado que se dará un impulso a la Oficina aprovechando los conocimientos y la especialización de los abogados que la integran y se ofrecerá asesoramiento totalmente gratuito a las personas que no tengan recursos económicos.
En este sentido, ha indicado que los letrados explicarán a los afectados cuál es la mejor alternativa si tiene o ha tenido una hipoteca con cláusula suelo, en función de cada caso concreto.
«Estamos pendientes -ha añadido- de la solución que está buscando el Gobierno para intentar que los conflictos sobre las cláusulas suelo no lleguen a los juzgados y los colapsen. Mientras tanto, los ciudadanos no pueden esperar y tenemos que darles una respuesta rápida y eficaz que garantice sus derechos».
También ha explicado que quedan pendientes cuestiones por estudiar y resolver como qué pasa con las familias que han sido desahuciadas por pagar una hipoteca con cláusula suelo y que no pudieron hacer frente a los pagos.
Respecto a los afectados, Lara ha detallado que podrían ser más de 50.000 personas y, respecto al importe que se puede recuperar, ha dicho que pueden ser unos 4.000 euros.
