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• El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 625 solicitudes por la tromba del 19 de febrero y estima en 2,6 millones los daños.
(Prensa Subdelegación Gobierno Málaga) El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones Artacho, ha subrayado hoy el compromiso «y la agilidad en las gestiones por parte del Gobierno central para atender las necesidades» de los afectados por las inundaciones del pasado 4 de diciembre, ya que se han pagado hasta el momento 24.453.895 euros a través del Consorcio de Compensación de Seguros.
Según los últimos datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del que depende el Consorcio, actualmente se han gestionado el 67% de las solicitudes registradas tras las inundaciones del 4 de diciembre de 2016 que afectaron a la provincia.
Así, se han tramitado y resuelto 6.586 de un total de 9.847 y se han pagado 24,4 millones de euros por los daños causados en viviendas y comunidades de vecinos, vehículos, comercios y almacenes, oficinas, industriales y obras civiles.
«Se trata aún de cifras estimadas, pues incluso en febrero se están recibiendo solicitudes y el coste total estimado a pagar por el Consorcio de Compensación de Seguros por estas inundaciones de diciembre de 2016 asciende a unos 60 millones de euros aproximadamente», ha explicado el subdelegado del Gobierno.
Los mayores importes se han abonado, hasta la fecha, en los municipios de Marbella (8.354.530 euros), Estepona (3.447.453 euros), Mijas (2.882.879 euros), Manilva (2.341.098 euros), Alhaurín de la Torre (1.859.986 euros) y Málaga (1.842.000 euros), «que están entre los más afectados».
Inundación Málaga 19 de febrero
Respecto a la tromba de agua del pasado 19 de febrero, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) «se ha puesto manos a la obra también con un equipo de 45 peritos que están revisando de momento las 625 solicitudes recibidas». El coste estimado de estas primeras reclamaciones es de 2.643.974 euros.
No obstante, según los cálculos iniciales del Consorcio se han registrado unos 3.000 siniestros en la capital, de los que en torno a 600 serían vehículos automóviles, y el coste inicialmente previsto ronda los 10 millones de euros.
Se espera la recepción de nuevas solicitudes en los próximos días que se irán tramitando conforme a lo establecido.
Briones ha recordado además que la Demarcación de Costas, que ya actúa sobre las playas dañadas tras el temporal de diciembre, para lo que se presupuestaron más de 4,1 millones de euros, está trabajando actualmente en la valoración de nuevas afecciones como consecuencia de la tromba de agua del pasado domingo.
«El Ministerio de Medio Ambiente ha garantizado la recuperación de las playas y su puesta a punto para Semana Santa, y son los técnicos los de deben determinar ahora cómo y dónde actuar», ha dicho, al mismo tiempo que ha recordado a la Junta de Andalucía la obligación de mantener los cauces de ríos y arroyos en perfecto estado para evitar algunos de estos daños.
Real Decreto-Ley 2/2007
El subdelegado también se ha referido a la entrada en vigor, el pasado sábado 28 de enero, del Real Decreto-ley 2/2017 de 27 de enero por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales en todo el territorio nacional.
Desde Protección Civil se informó y remitió a todos los consistorios de la provincia el documento que desarrolla lo acordado en el seno del Consejo de Ministros celebrado el 27 de enero, y que establece un nuevo marco legal para solicitar y tramitar de forma urgente las ayudas paliativas necesarias tras las fuertes lluvias de diciembre, que afectaron a una treintena de localidades malagueñas, entre otras urgencias acaecidas en territorio nacional.
Este nuevo decreto beneficia especialmente a los consistorios, ya que, según establece su artículo 5 sobre régimen de ayudas a corporaciones locales, «se abonará a los ayuntamientos el 100% de los gastos de emergencia», cuyas ayudas se están tramitando actualmente, ha explicado el subdelegado.
Además, el artículo 6 del nuevo decreto-ley, referido a las actuaciones sobre infraestructuras (no de emergencia), prevé que se podrá «conceder una subvención de hasta el 50 por ciento» del coste de las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.
Estas subvenciones, no obstante, se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habiliten por parte del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
En global se amplía el pazo para seguir presentado daños y reclamaciones, ya que se abre un nuevo período de dos meses desde la publicación en el BOE del citado Real Decreto-ley.
