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En el 1988 se sellaron todos los vertederos incontrolados de la provincia menos el del municipio que mantuvo su actividad hasta el año 2011, que cerró por imperativo judicial.»El resto de municipios se acogieron a las subvenciones para su sellado, ahora tenemos que lamentar que por culpa de la gestión del PP hemos perdido millones de euros», ha asegurado la edil de Medio Ambiente Maribel Tocón.
(Prensa Ayuntamiento Torremolinos) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por incumplir la normativa de gestión de residuos en 61 vertederos ilegales que todavía existen en España, al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua o el aire. Según se ha dado a conocer recientemente, el único en toda Andalucía que ha motivado la sentencia condenatoria del tribunal es el de Torremolinos, que «no se encuentra debidamente sellado, por lo que «estamos trabajando con la Junta de Andalucía para proceder a esta obligación legal», ha asegurado Maribel Tocón, concejala de Medio Ambiente, quien ha tildado la situación de «enorme lastre medioambiental de graves consecuencias que nos dejó el PP en junio de 2015», y que arrastra el municipio desde el año 1998.
A pesar de que en el 1988 se sellaron todos los vertederos incontrolados de la provincia menos el del Torremolinos que mantuvo su actividad hasta el año 2011, que cerró por imperativo judicial, el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular no procedió al sellado al que estaba obligado por ley, por lo que «el Ayuntamiento ha perdido subvenciones millonarias que le correspondían en su momento», a las que sí se acogieron los municipios de toda la provincia. «Únicamente Torremolinos ha dejado pasar esa oportunidad por el empecinamiento de un alcalde, Pedro Fernández Montes, que mantenía que el vertedero era legal».
Tocón ha recalcado que «el vertedero de Torremolinos fue mantenido activo por Pedro Fernández Montes, incumpliendo a sabiendas la normativa en materia de medioambiente y desoyendo las sentencias judiciales que le obligaban a clausurarlo y repararlo». Una vez más «somos los tristes protagonistas de la nefasta gestión del Partido Popular, que lastra el futuro de nuestra ciudad y como consecuencia tendrán que pagar los ciudadanos de Torremolinos». Así Tocón ha avanzando que según las primeras estimaciones de la Junta de Andalucía el coste del sellado y regeneración del vertedero podría superar los 5 millones de euros, ya que debido al tiempo transcurrido no se trata solo del propio sellado, sino también de la estabilización del terreno por la degradación de la zona.
Tocón ha manifestado que desde que se inició esta legislatura, «una de las preocupaciones compartidas por los grupos políticos del cambio, Cs, CSSP, IU y concejal no adscrito, era el de dar solución definitiva a este gran problema haciendo lo necesario para el sellado del vertedero». Para ello, «se ha trabajado activamente con algunos de estos grupos políticos y mantenido conversaciones con la Junta de Andalucía», que a través del ente instrumental Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía está redactando dicho proyecto de sellado para que «pronto se inicien los trabajos para que la Sentencia del Tribunal Europeo no suponga una sanción económica a las arcas municipales».
En la misma línea se ha manifestado José Piña, portavoz de Costa del Sol Sí Puede, grupo que ha seguido muy de cerca el expediente, quien ha manifestado que «una vez más, queda latente el absoluto desprecio del PP a la legalidad ambiental». «Nuestro grupo, conformado por diferentes colectivos ecologistas, apuesta por el sellado definitivo como una de las prioridades medioambientales de nuestra sierra, como también lo es apostar por la mejor defensa con la declaración de Parque Natural».
Denuncia del Seprona en 2007
A raíz de una denuncia del Seprona, la Delegación Provincial de Medio Ambiente dictó una resolución en el año 2007, por la que se exigía el cierre inmediato del vertedero de Torremolinos, entre otras cuestiones, por constituir un riesgo de contaminación de los acuíferos sobre los que se ubica, y de donde se abastecen Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre. Sin embargo, ha continuado Tocón, «el problema venía de mucho atrás, ya en el año 1998, siendo ya alcalde Pedro Fernández Montes, éste se negó a que Torremolinos se acogiera al Plan Director de Residuos Urbanos», gracias al cual se sellaron 64 vertederos igualmente incontrolados en la provincia, entre los que se encontraban Benalmádena, Estepona, Marbella o, Mijas, entre otros.
«No solo no se acogió al plan, sino que mantuvo activo el basurero de Torremolinos al aire libre sobre los acuíferos, desoyendo todos los requerimientos que se le hizo desde la administración autonómica», ha manifestado la edil. De esta forma, el vertedero continuó funcionando hasta que en 2010 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga desestimó el recurso presentado por LITOSA contra el cierre exigido por la Junta de Andalucía en 2007 y es a partir de entonces que el vertedero cesa su actividad de forma definitiva en 2011, momento desde el que los residuos son trasladados a las plantas de tratamiento existentes.
Sin embargo, a pesar de cesar su actividad, el anterior equipo de Gobierno «se negó a lo que le obligaba la ley, que era sellar y recuperar este activo medioambiental que es la sierra de Torremolinos y sus acuíferos, además de renunciar a subvenciones millonarias con las que esta obligación legal se podría haber acometido sin coste para las arcas municipales, lo que ahora se suma a la ya delicada situación financiera del Ayuntamiento con una deuda millonaria».
Sentencia
Según la sentencia, el vertedero de Torremolinos sigue aún pendiente de «clausura, sellado y regeneración, como admite el propio Reino de España». La propia sentencia se hace eco de las manifestaciones realizadas por el propio Reino de España en las que recuerda la batalla de recursos administrativos y judiciales motivados por los requerimientos realizados por la Junta de Andalucía para que se clausurara y sellara el vertedero y la negativa del equipo de gobierno del PP a cumplir con la legislación europea en la materia.
