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(Prensa Ayto. Coín) Se amplía el plazo de carencia de amortización de los préstamos de pago a proveedores en tres años.
Esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario de urgencia, en el que se ha aprobado la adhesión a la medida que ha puesto en marcha el Gobierno central por la que se aplicará un período de carencia de amortización de los préstamos, y la aprobación del Plan de Saneamiento Financiero 2017-2021, de conformidad con la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Concretamente, se les brinda a las administraciones locales la posibilidad de solicitar, en relación a las operaciones formalizadas entre 2012 y 2016 para la financiación de los pagos a proveedores, un periodo de carencia adicional para la amortización de principal de tres años, aumentando así mismo en ese mismo periodo su plazo de amortización. Los objetivos principales de esta medida, según ha expuesto el alcalde de Coín, Fernando Fernández, son reducir el periodo medio de pago a los proveedores del Ayuntamiento y que el propio consistorio pueda disponer de mayor liquidez y margen de maniobra financiero, gracias a las modificaciones en las condiciones de préstamos realizadas por el Gobierno, de forma que puedan atender a sus obligaciones, mantener los servicios públicos y hacer frente a los pagos de préstamos bancarios.
Esta adhesión se ha presentado al pleno debido a que el plazo para presentar la correspondiente solicitud expira el 7 de abril. De esta forma se ha aprobado la urgencia del asunto por unanimidad y la propia medida ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno del PP y de UPyD, mientras que PSOE, IU y PA han votado en contra.
El regidor municipal ha explicado que en el caso de Coín se solicitaron tres planes de pago a proveedores por un valor total de 12,5 millones de euros y sus correspondientes préstamos ICO. «Ahora, con esta medida se disminuye la presión de la tesorería municipal y podremos pagar deuda financiera y desarrollar otras iniciativas de forma más cómoda», ha indicado Fernández que también ha incidido en que el ayuntamiento se puede acoger a esta resolución puesto que se cumple uno de los requisitos mínimos que es tener remanente negativo de tesorería. Al aplicar la ampliación se estima un ahorro para el ayuntamiento de 521.000 euros en 2017, unos 863.000 euros en los años 2018 y 2019, y 341.000 euros en 2020, lo que supone un ahorro de 2,5 millones de euros en los tres años.
