Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 21 segundos
(Prensa Junta Andalucía) Los delegados del Gobierno y Salud han presentado hoy la normativa, pionera en el país, que ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento.
Los delegados del Gobierno e Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José Luis Ruiz Espejo y Ana Isabel González, respectivamente, han presentado hoy en Málaga el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, una vez que ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento.
Se trata de una norma –ha explicado Ruiz Espejo- «pionera en el país, que amplía y fortalece el marco normativo y con la que la Junta persigue blindar la sanidad pública y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, especialmente los colectivos más vulnerables».
En este sentido, ha manifestado que el debate de este proyecto de Ley en el Parlamento, tanto en la Comisión de Salud como en Pleno, «va a permitir que los distintos grupos parlamentarios, con sus aportaciones, se posicionen y se definan sobre el modelo sanitario que quieren para Andalucía y, por tanto, va a servir para que se conozca el grado de compromiso con la sanidad pública que desde las legítimas opciones políticas se defienden».
Una norma que, además de garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, «va a servir para abrir este debate en el conjunto del Estado y así impulsar una norma a nivel estatal que garantice la sostenibilidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud».
Ruiz Espejo ha puesto en valor que las medidas del proyecto de Ley favorecerán las garantías del Sistema Sanitario Público de Andalucía, concretamente la perdurabilidad, sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia. Además, refuerza los derechos que ya tiene reconocidos la población andaluza en el ámbito de la salud, de segunda y tercera generación, como el acceso a todas las prestaciones, a la segunda opinión médica, a la libre elección de médico, al consejo genético y a la medicina predictiva, a los cuidados paliativos, o a la historia clínica, entre otros.
Fines fundamentales
Entre los fines fundamentales que se persiguen con el proyecto de Ley, se encuentra garantizar los principios de universalidad, equidad, calidad, solidaridad e igualdad efectiva de las prestaciones sanitarias públicas a cualquier persona que las necesite, independientemente de su condición social, cultural o económica. De este modo, esta norma se vincula con la Constitución española que, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, así como con el Estatuto de Autonomía de Andalucía el cual, en su artículo 22, garantiza este derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal.
En relación a este fin, el delegado del Gobierno ha justificado que «ahora más que nunca es necesario defender de manera clara y contundente la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y la necesidad de blindarla ante las tentaciones de privatizaciones y ataques por parte de sectores interesados».
Asimismo, ha manifestado que durante estos años se han producido cambios en la regulación estatal sanitaria básica de nuestro país, y con la entrada en vigor del RD Ley 16/2012 «se quebró la accesibilidad y la equidad, señas de identidad del Sistema Nacional de Salud desde su constitución, y se implantó los copagos farmacéuticos para todos los ciudadanos y ha llevado a nuestro Sistema Sanitario Público a un retroceso, pasando de un sistema de cobertura universal a un sistema de aseguramiento».
Pilares de sostenibilidad
La normativa desarrolla -a lo largo de 37 artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales- «los principios y los elementos esenciales para garantizar la calidad y la perdurabilidad del sistema público de salud», ha afirmado la delegada de Salud.
Ana Isabel González ha resaltado que la sostenibilidad de la sanidad pública se contempla desde una visión integral que se sustenta en 4 pilares: el económico, el social, el ambiental y el del conocimiento y la I+i.
Así, desde la perspectiva de la sostenibilidad económica, se aborda la financiación, los ingresos generados, la compra de bienes y servicios, el uso racional del medicamento y las tecnologías sanitarias, así como el papel activo que tienen los profesionales sanitarios. Para ello, se establece que el presupuesto garantizará la financiación necesaria y suficiente para que el Sistema Sanitario Público de Andalucía pueda llevar a cabo las actuaciones que tiene encomendadas por esta norma y por el resto del ordenamiento jurídico.
En este sentido, González ha concretado que se seguirá avanzando en las líneas que ya están en funcionamiento desde hace años, como son la gestión clínica, las compras homogéneas para todos los centros sanitarios, el uso racional del medicamento, los procesos asistenciales integrados o la cirugía mayor ambulatoria. Junto a ello, se continuará impulsando la prescripción por principio activo, la selección pública de medicamentos, y se establecerán medidas de educación para la salud, dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de evitar el consumo innecesario de fármacos. Además, la norma establece también formas más eficientes para incorporar nueva tecnología sanitaria al sistema público de salud, en función de la evidencia científica y con garantías de carácter ético, clínico, social y económico.
El texto plantea la necesidad de una Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público, que será aprobada por el Gobierno andaluz para un ámbito temporal de cuatro años, que permitirá fijar las líneas en formación, investigación e innovación, la necesidad de recursos humanos y materiales, y los resultados de salud esperados. Asimismo, se considera la dimensión social del sistema sanitario, a través de elementos claves como son la eficiencia, la equidad, la solidaridad y el diálogo, con una apuesta clara por la gestión abierta y transparente, y un papel clave de la ciudadanía, que es copartícipe activa de los logros y retos del sistema.
Valor de los profesionales
El texto de la norma –señala González- reconoce el valor que aportan los profesionales a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, gracias a su implicación y corresponsabilidad, apostando por la gestión clínica como el escenario idóneo para avanzar en este ámbito.
Por ello, el proyecto de Ley establece el compromiso por parte del Gobierno andaluz de garantizar un entorno de trabajo saludable, y adoptar las medidas necesarias para mejorar sus condiciones laborales, la prevención de riesgos y su salud. En este sentido, se pondrá en marcha un Plan de Igualdad de oportunidades y nuevas estrategias para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
En cuanto a los aspectos ambientales, el texto establece que se actualizará la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética para garantizar que la actividad sanitaria no tenga repercusiones medioambientales y contribuya a la sostenibilidad del espacio físico.
En el ámbito del conocimiento y la I+i, la norma fija que se priorizará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas para ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre su salud, así como para mejorar la eficiencia en la gestión clínica y facilitar la medición de los resultados. Además, se invertirá en investigación e innovación para seguir creciendo y avanzando en Biomedicina y Ciencias de la Salud de Andalucía, para mantener una posición de liderazgo nacional e internacional.
Esta norma establece que no se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de las competencias autonómicas y determina la capacidad para arbitrar medidas para minimizar el impacto en la ciudadanía, en el caso que la normativa estatal imponga copagos en las prestaciones incluidas en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud.
En la futura ley también se determina que ninguna persona quedará excluida de las prestaciones sanitarias por razones económicas, garantizándose por tanto la universalidad. Por ello, la delegada de Salud ha manifestado que esta norma «sirve como escudo protector frente a las tentativas de privatizaciones y desmantelamiento del sistema» y da respuesta a las necesidades de la población, garantizando su perdurabilidad y el respeto a sus principios, sin comprometer derechos conquistados, y asegurando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente, bienestar social, gestión del conocimiento, investigación e innovación.
Trayectoria y participación
La elaboración de esta norma se inició en 2015, con los trámites preceptivos de información pública y audiencia, que han sido amplios, tanto en el tiempo en que se ha desarrollado, durante dos meses y medio, como en el grado de participación de los distintos agentes sociales, ya que se ha realizado consulta a diferentes representantes de la ciudadanía, del mundo empresarial y de los profesionales, a través de los respectivos colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas del sector sanitario y las sociedades científicas.
Junto a ello, se han realizado nueve foros de diálogo, uno autonómico y en cada una de las provincias andaluzas, con las 49 sociedades científicas profesionales andaluzas, que han contado con la participación de asociaciones del ámbito ciudadano, de pacientes, de ayuda mutua y profesionales que prestan sus servicios en el sistema sanitario público.
Durante el trámite de audiencia, se han recibido 42 informes de alegaciones; 27 informes y aportaciones vía web de personas físicas y jurídicas, y aportaciones de 63 grupos de trabajo en los que han participado 861 personas, de las que 527 son profesionales del sistema, con una distribución de género de 52% mujeres y 48% hombres.
