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• Un informe técnico señala que se produjo un perjuicio económico de dinero público de casi 30 millones de euros y que sólo se reciclaba el 3,7% de los residuos que llegaban hasta ella
• El mismo documento dice también que no se compactaban correctamente los desechos que llegaban hasta ella, por lo que fue necesario hacer hasta siete ampliaciones del recinto
(Nota Prensa PP Mijas) Han pasado ya casi seis años desde que Ángel Nozal decretara el cierre de la mal llamada planta de tratamiento y reciclaje de residuos de Entrerríos y pocos avances se han producido.
El contencioso interpuesto por la que era su concesionaria, la multinacional FCC, ciertamente, ha retardado el proceso de liquidación pero, desde que Ciudadanos detenta el poder municipal, en junio de 2015, y a tenor del preocupante y enigmático silencio de sus responsables sobre este asunto, no parece que tengan mucho interés en dar carpetazo definitivo a este escándalo medioambiental y financiero que arrastra Mijas desde que un gobierno socialista decidió construir en Entrerríos un verdadero vertedero.
Es un escándalo medioambiental porque, como se ha podido ver durante este mismo invierno, en no pocas ocasiones se han producido vertidos de aguas lixiviadas del antiguo vertedero a cercano arroyo Los Toros, produciendo un daño irreparable a la flora y fauna del entorno.
Pero también lo es económico porque, según un informe técnico contratado por el Ayuntamiento y al que ha tenido acceso el PP, la gestión de la concesionaria habría producido un quebranto a las arcas municipales que ronda los 30 millones de euros entre dinero cobrado de más y el daño ocasionado al entorno.
Entre otros perjuicios para el bolsillo de los mijeños, el documento técnico certifica que sólo se reciclaron el 3,7% de los residuos que llegaron hasta la planta, cuando el contrato de explotación fijaba la cuota de recuperación de residuos en un mínimo del 30%.
Tampoco se compactaba la basura de forma correcta, como asegura el ingeniero firmante del informe, lo que ocasionó que se tuvieran que cavar y generar más vasos en los que enterrar la basura. Podrían haberlo hecho hasta en un 45% más de lo que lo hicieron. En total se realizaron hasta siete ampliaciones a razón de 300.000 euros cada una de ellas; un coste que afrontó el Consistorio pese a que podría haberse ahorrado si sus responsables hubieran exigido una mejor compactación de los desechos.
Esta inquietante documentación así como la alarma que ha generado entre los vecinos de la zona los numerosos vertidos de lixiviados –algunos de ellos ya han denunciado esta situación a la Guardia Civil-, hacen más que aconsejable que el Ayuntamiento organice una comisión de investigación a fin de aclarar este escándalo medioambiental y pufo millonario generado por el PSOE y que ahora parece querer tapar el exsocialista Juan Carlos Maldonado (hoy en Ciudadanos).
Una buena forma de demostrar que de verdad ha venido a regenerar Mijas, como suele jactarse a menudo, es organizar una comisión de investigación seria en la que los técnicos y responsables políticos de entonces ofrezcan explicaciones sobre estas preocupantes informaciones.
El vertedero de Entrerríos inició su actividad en el año 1999, cuando gobernaba Mijas el PSOE. Dadas las firmes sospechas –ahora confirmadas- de la mala gestión y daño medioambiental de esta infraestructura, el PP , entonces en la oposición, presentó una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente en el año 2010. Dicha planta tuvo actividad hasta el año 2011, en que Ángel Nozal decretó su cierre, cese de actividad y liquidación del contrato, dadas las sospechas –ahora confirmadas- de la mala gestión y daño medioambiental de la infraestructura. Sin embargo, un contencioso interpuesto por la concesionaria a propósito de esta decisión, congeló el proceso de liquidación. En 2015, antes de abandonar la Alcaldía, Nozal presentó en la Fiscalía una denuncia contra la Concesionaria por daños medioambientales y un perjuicio económico cifrado en 28 millones de euros.
Hoy, en abril de 2017, dos años después, nadie sabe en qué situación se encuentra el proceso judicial ni qué está haciendo el actual equipo de gobierno tripartito, que está comandado por un exsocialista y que está integrado por socialistas, por defender los intereses de todos los mijeños en este proceso vital para el municipio. De ahí que la comisión de investigación sea esencial para que todos los vecinos conozcan todo lo relacionado con este preocupante asunto.
