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La disposición adicional 27 de los PGE ha deteriorado los servicios de Diputación, ha privatizado otros e impide revertir la situación.IU inicia campaña en las instituciones afectadas para su derogación.
(Nota Prensa IU Málaga) Izquierda Unida ha iniciado una campaña a favor de la derogación de la disposición adicional 27 por coartar a los municipios y diputaciones a la hora de poder recuperar las contrataciones y los servicios que prestan.
La primera institución en la que se presenta dicha propuesta es la Diputación provincial, que el próximo martes debatirá en pleno una moción para reclamar al Gobierno y Congreso de los Diputados la eliminación de esta disposición del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para este año.
El coordinador provincial y portavoz del grupo de IU en Diputación Guzmán Ahumada, ha recordado que la disposición prohíbe a las administraciones contratar personal, ya sea para reponer el personal perdido en estos años o para nuevos trabajadores con los que recuperar servicios privatizados o mejorar los existentes. Es decir, es una norma que elimina servicios públicos, deteriora los que quedan y promueve el gran negocio de las privatizaciones, «que es el nuevo boom»
En Diputación, añade el dirigente político, se han eliminado la guardería municipal, la escuela de enfermería, la empresa de vivienda, la residencia de mayores de Colmenar, las oficinas territoriales de urbanismo, el centro de acogida de menores, etc.
Igualmente, se han deteriorado servicios que presta el ente supramunicipal como el comedor del centro Virgen de la Esperanza, que antes tenía cinco personas y ahora hay dos; la unidad de día de Alzheimer ha perdido tres trabajadores de los cinco del turno de día y dos de los cuatro que había por la tarde. En el caso del Patronato de Recaudación, harían falta entre 40 y 50 personas más.
En cuanto a esta tercera consecuencia de la disposición adicional, se ha privatizado la gestión del Caminito del Rey, «que podría aportar grandes beneficios para otras muchas necesidades», no se ha recuperado para lo público los servicios limpieza y seguridad, mientras que el grupo Ciudadanos, cuyos votos soportan el gobierno del PP en Diputación, quiere ahora privatizar la limpieza en los servicios asistenciales. «Ese es el gran negocio», destacó Ahumada, que señaló a los partidos políticos de derechas como los que defienden los beneficios de unos pocos, «que no son más que la élite económica», a cuyo beneficio crean leyes como la que nos ocupa y disponen qué servicios esenciales debe recibir la ciudadanía a pesar de que no han sido votados por ésta.
El dirigente político de IU acen imponer un sistema basado en las premisas anteriores, mientras la coalición de izquierdas lucha en las instituciones contra ello y también en la calle, en alusión a la concentración del próximo día 15 contra la corrupción o la manifestación de las Marchas por la Dignidad, del 27 de mayo.
