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• El equipo de gobierno actual ha detectado presuntas irregularidades en pagos efectuados desde Mijas Avanza y el propio Consistorio a Recursos Turísticos cuando la ley obligaba a finiquitar la mercantil
(Prensa Ayto. Mijas) El caos urbanístico y financiero que ha supuesto el Hipódromo Costa del Sol para Mijas acumula cada día nuevos descubrimientos. El equipo de gobierno de la ciudad ha detectado una serie de pagos realizados presuntamente de manera irregular a la sociedad gestora del Hipódromo desde otra empresa municipal y desde el propio Consistorio. Estos ingresos efectuados durante el mandato de Ángel Nozal solo denotan que el Partido Popular se resistió a liquidar Recursos Turísticos (mercantil encargada de gestionar el recinto hípico) cuando ya tenía la obligación de hacerlo por las pérdidas registradas por la sociedad.
Así pues, el que fuera concejal de Hacienda con el PP, Mario Bravo, autorizó con fechas entre enero y abril de 2012 el trasvase de u total de 568.000 euros de una cuenta de Mijas Avanza a otra de Recursos Turísticos en concepto de «préstamo». A su vez consintió la trasferencia de 239.000 euros en abril de 2015 desde las arcas municipales para saldar un crédito de la mercantil gestora del Hipódromo del cual el Ayuntamiento era avalista. Toda esta operación se llevó a cabo sin los cauces administrativos pertinentes ya que no existen informes técnicos favorables a estas operaciones. Además, se trata de pasar dinero de todos los mijeños a una empresa que no es al cien por cien pública y que, a su vez, cosechaba enormes daños económicos.
Llegados a este punto cabe destacar que los datos de las pérdidas de Recursos Turísticos de Mijas, contabilizan en 2011 una deuda de 530.000 euros, en 2012 un total de 801.000, en 2013 asciende a 603.000 euros y, en 2014 un montante de 1,7 millones de euros. Ante estas cifras la principal duda que surge a los actuales gobernantes es por qué el PP no procedió a la liquidación de la sociedad tras cuatro años consecutivos de daños económicos.
A estos números hay que sumar los 1,8 millones de euros que el propio Ayuntamiento ha estado pagando en concepto de alquiler a Recursos Turísticos por unas instalaciones deportivas que le pertenecían al ente local. El contrato de arrendamiento, firmado por el entonces alcalde, Ángel Nozal, y la edil del PP, Lourdes Burgos, carece de expediente de contratación y resulta curioso que se lleve a cabo ese alquiler cuando en el listado de bienes de dominio público del Consistorio se halla dicho equipamiento, por lo que supone una nueva inyección de casi dos millones de euros a Recursos Turísticos.
Esta sociedad tenía que haberse liquidado en 2014 bajo el mandato de Nozal por sus circunstancias financieras. Cuando empieza el último mandato en Mijas y llega a la alcaldía el actual regidor, Juan Carlos Maldonado (Cs), la mercantil acumulaba una deuda de aproximadamente 3,6 millones de euros, las cuentas de la sociedad gestora estaban embargadas, los trabajadores sin cobrar y los liquidadores estaban propuestos pero sin aceptar esta tarea, por lo que tampoco estaba el proceso empezado. Precisamente, en 2015 llegó una carta del Ministerio de Hacienda donde exponía que la sociedad gestora del Hipódromo tenía que haberse extinguido en 2014.
Pero no es la única presunta gestión irregular que se observa en el ámbito del Hipódromo. Por otra parte, se encuentra la manera de proceder en la parcela en la que un karting ha estado funcionando supuestamente con una ocupación incompatible con su calificación urbanística en una construcción sin licencia de obra. Tanto Lourdes Burgos como Ángel Nozal, consintieron la construcción de este karting sin licencia de obra además de su uso sin la pertinente calificación ambiental ni la licencia de apertura. La diputada popular firmó en febrero de 2012 un contrato con la arrendataria del karting donde le cedía el terreno durante los próximos veinte años para el uso de dicha actividad. En virtud del Plan Parcial mijeño esa parcela debe destinarse a equipamiento público y una parte de la misma es zona verde, luego eran conocedores que los terrenos en el futuro desarrollo del sector pertenecerían al Ayuntamiento de Mijas y no a Recursos Turísticos, debiendo someterse a un procedimiento de contratación pública para su disposición. Sin embargo, aun debiendo conocer el documento urbanístico de Mijas, Burgos se comprometió hasta 2032 con la empresa de la actividad automovilística para el uso de la misma.
Al entrar el nuevo alcalde al Ayuntamiento procedió al cierre cautelar del Karting pues suponía un peligro para la vida de los usuarios mantener una actividad de riesgo que supuestamente no cumplía con todas las garantías. La segunda, iniciar un expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado para la demolición de lo construido sin amparo de licencia municipal que, en este caso, estaba compuesto de una edificación destinada a boxes. Por último, el expediente de restablecimiento genera la incoación de un expediente sancionador por ejecutar actos sin licencia. Asimismo, todo ello se llevó a cabo sin que conste un expediente de contratación.
