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El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, reunido ayer viernes en Córdoba, ha aprobado por unanimidad manifestar ante la opinión pública su rechazo total al plan de urgencia establecido por el Consejo General del Poder Judicial, que pretende que a partir del día 1 de junio sea un único juzgado situado en la capital de cada provincia el que tramite y resuelva todos los litigios que se promuevan en el ámbito provincial, por los litigios de cláusulas suelo y las reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de las hipotecas. Los abogados califican de «muy desacertada y descabellada» la solución que se propugna para la previsible avalancha de demandas, ya que necesariamente contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos produciendo graves dilaciones en el tiempo de respuesta judicial.
Para la Abogacía institucional andaluza, esa decisión provocará a corto plazo el colapso en los juzgados designados en cada provincia en perjuicio de la Justicia y de los ciudadanos reclamantes que, además, para defender sus derechos tendrán que desplazarse desde los distintos partidos judiciales a la capital de la provincia, con el consecuente alejamiento del justiciable respecto del órgano judicial, el correlativo incremento de costes económicos que tendrá que soportar el ciudadano para litigar frente a las entidades financieras y el único y exclusivo beneficio de las entidades bancarias.
El máximo órgano de gobierno de la Abogacía andaluza, que integra a los ocho colegios provinciales y a los de Jerez de la Frontera, Antequera y Lucena, considera que la creación de órganos judiciales especializados debe tener un carácter excepcional y obedecer a sólidos fundamentos fácticos y jurídicos, pues afecta incluso al derecho fundamental de toda persona al juez ordinario predeterminado por la ley. Además denuncia que en todas las provincias andaluzas resultarán manifiestamente insuficientes esos juzgados únicos que el Consejo General del Poder Judicial pretende crear, por lo que los abogados propugnan que sean todos los juzgados de Primera Instancia quienes continúen conociendo de ese tipo de litigios conforme a las actuales normas de reparto.
Además el Consejo Andaluz se muestra contrario a que esos juzgados de ámbito provincial sean servidos por jueces en prácticas como está previsto, pues ello no garantizará la prestación de un buen servicio público judicial, ya que la especialización resulta muy cuestionable en jueces carentes de experiencia profesional. La Abogacía andaluza reivindica también que se respete el derecho de la Abogacía institucional a participar en la adopción de decisiones que afecten a la modificación de la territoriedad de los órganos judiciales, pues la Abogacía defiende siempre la Justicia de proximidad como mejor fórmula para prestar al ciudadano un satisfactorio servicio público judicial.
