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• El Ayuntamiento mijeño ha cerrado una primera reunión con la Junta de Andalucía en septiembre para, de manera conjunta, redactar el Plan de Ordenación del Territorio (POT) en la parte que afecta al término municipal.
(Prensa Ayto Mijas) El Ayuntamiento de Mijas y la Junta de Andalucía van a participar el próximo mes de septiembre en una mesa de trabajo conjunta para la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental (POT) en la parte que afecta al término municipal, tal y como lo ha anunciado esta misma mañana el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz (Cs). Este paso supone, entre otras cosas, el avance en la solución definitiva para las viviendas en suelo no urbanizable. «Desde el Consistorio vamos a trabajar codo con codo para resolver este problema histórico que arrastra Mijas. De esta manera podremos supervisar que esas áreas de hábitat rural diseminado no estén protegidas, por lo que se facilita así el camino hacia la regularización», señala el edil. Este documento urbanístico tendrá, de esta manera, la valoración desde el mismo municipio para contemplar la realidad del suelo no urbanizable.
Por este motivo, el edil ha criticado duramente las afirmaciones del Partido Popular donde instan a continuar con la revisión parcial del Plan General que, tras aprobarse el nuevo POT, tendrá que ser redactado otra vez. «El PP pretende que las arcas públicas se gasten alrededor de 62.000 euros en la redacción de un plan que, de antemano, ya sabemos que se tiene que repetir, sin tener en consideración, además, a todos esos vecinos cuyas zonas estaban protegidas en el anterior documento al cual pretenden que nos ciñamos . No tiene otro sentido más que el de intentar confundir a la ciudadanía», afirma Ruiz.
A este respecto cabe destacar, tal y como ha señalado el concejal, que «la verdad del Partido Popular en suelo no urbanizable no es otra más que los requerimientos judiciales constantes que recibe el Consistorio por la época de gobierno del ex alcalde Ángel Nozal con temas, como por ejemplo, el hormigonado indiscriminado, la instalación de tuberías en zonas no permitidas sin expedientes de contratación ni seguridad en las obras, o la presunta compra de buzoneras con dinero público para particulares y locales en zona verde pública».
Asimismo, los populares intentan confundir a los vecinos en un tema tan importante y delicado como este, obviando la vía individual que existe para la regularización de viviendas en este tipo de suelo al tener validez las protecciones marcadas por el POT anulado a finales de 2015. Así pues, el Ayuntamiento va a proceder, no sólo a reformular la revisión del PGOU, sino también a delimitar en qué situación se va a quedar el hábitat rural diseminado y las viviendas aisladas.
«En la actualidad y aprovechando la situación urbanística en cuanto a protección territorial que ha dejado la anulación del POT, de manera individual los vecinos pueden solicitar acogerse al Régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación (RAFO) para regular su situación aunque la ambición del Consistorio es la de dar una solución colectiva y definitiva a todas estas viviendas del municipio», concluye el edil.