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El presunto intento de soborno a un edil de la corporación municipal puso en riesgo la estabilidad de todos los mijeños.
(Prensa Ayto Mijas) El Ayuntamiento de Mijas vuelve a verse inmerso en un escándalo público tras conocerse la cuarta investigación (imputación) del ex alcalde del Partido Popular, Ángel Nozal, por un presunto delito de cohecho. Supuestamente el ex regidor y vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, en los despachos de este órgano supramunicipal, ofreció un puesto de trabajo al concejal de CSSP, Francisco Martínez, a cambio de que apoyara una moción de censura contra el gobierno establecido en la ciudad. De la misma manera, dejaba ver la posibilidad de no denunciarle por un supuesto cobro irregular de Martínez, hecho que, tras conocerse el escándalo, sí llevó a cabo. En un principio, el Fiscal ya pidió al Juzgado que investigara a Nozal por encontrar indicios de delito de cohecho por el ya conocido como ‘Caso Mijas’, postura que refrenda el magistrado al imputar al ex alcalde popular.
El equipo de gobierno lamenta profundamente que este tipo de actuaciones se lleven a cabo en el seno de una sociedad democrática. Este presunto intento de soborno a un edil de la corporación municipal puso en riesgo la estabilidad de todos los mijeños. Cabe señalar, la gravedad que supone que, con dinero, un representante de la administración pública intente hacerse, supuestamente, con el poder en un municipio sin tener en cuenta las consecuencias que pueda traer este comportamiento en los cerca de 80.000 habitantes de la ciudad.
Lo más preocupante para los actuales dirigentes del Consistorio es que el ex alcalde del PP ya cosecha otras tres investigaciones por su gestión al frente de la localidad además de los casos que se encuentran en estudio en la asesoría jurídica municipal y los que ya están en conocimiento de la Fiscalía.
En este sentido, Nozal está investigado por las subastas judicializadas, por la nave presuntamente irregular de 340 televisión y por los sobresueldos, procedimientos que, junto al ahora abierto, suman tres delitos de prevaricación, uno de malversación de caudales públicos y otro de cohecho.
Si bien cuando saltó el escándalo del ‘Caso Mijas’, el concejal popular, Santiago Martín, dimitió de la corporación municipal al haber estado implicado en todo el desarrollo de la presunta compra del edil de CSSP, será ahora el ex regidor el que tenga que actuar según su conciencia y valores y plantearse si es merecedor del acta que ostenta en este Consistorio al que tanto daño está haciendo con este tipo de comportamientos.
