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Reclaman a Rajoy que ponga en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2018.
(Nota Prensa PSOE Málaga) El parlamentario andaluz del PSOE, Francisco Vargas, y la portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, Micaela García, han puesto hoy en valor en la localidad el trabajo del Gobierno andaluz de Susana Díaz en favor de la Igualdad y en la lucha contra la Violencia de Género, y han exigido al Gobierno de Rajoy que ponga en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género el próximo año.
Así, Vargas ha explicado que el 25 de noviembre debe ser un momento de reflexión y reivindicación, más cuando a día de hoy contamos con 44 mujeres asesinadas y 8 niños y niñas víctimas de la violencia de género, a lo que hay que añadir 55.319 casos abiertos a nivel estatal, 15.286 en Andalucía y 3.095 en la provincia de Málaga según el Ministerio del Interior.
“Además, no podemos olvidar que el próximo 17 de diciembre hará justo 20 años del terrible asesinato de Ana Orantes, que hizo visible a través de la televisión el calvario de 40 años de maltrato y 15 denuncias, y cuyo caso fue el detonante para que cambiase la percepción de la violencia machista y la reforma del Código Penal en 1999 estableciéndose órdenes de alejamiento e incluyendo el maltrato psicológico como delito”, ha afirmado.
El parlamentario se ha referido además a la moción que los y las socialistas están presentando en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación exigiendo que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tenga un compromiso económico de 200 millones por año en 5 años por parte del Gobierno; “para reivindicar el modelo legislativo de Andalucía y trasladar los acuerdos a la FEMP y al Ministerio de Servicios Sociales y de Igualdad”.
“Los y las socialistas estamos haciendo los deberes. ¿Qué está haciendo el Partido Popular cuando se han ido recortando presupuestos a nivel estatal año tras año y cuando no se ha creído que luchar por la igualdad es luchar contra la violencia de género?”, se ha preguntado.
Así, desde el PSOE han reivindicado que la Violencia de Género es una cuestión de Estado. “Dimos el primer paso para poner en marcha el Pacto de Estado. La sociedad en su conjunto ha hablado, se ha organizado y ha hecho su trabajo y esta importante medida se ha aprobado en el Congreso. Es hora de que el Gobierno del PP mueva ficha y nos diga, primero, cuánto dinero piensa dar a las comunidades autónomas y segundo, cómo vamos a articular ese gran compromiso”, ha dicho.
Finalmente, el parlamentario del PSOE ha animado «a echarse a la calle» este sábado 25 de noviembre para exigir al Gobierno la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Un año más tenemos que exigir al PP que allí donde gobierna de una vez se tome en serio esta lacra que no podemos permitirnos como sociedad», ha subrayado.
“Como ya ha anunciado la consejera de Igualdad, la Ley entrará en el Parlamento en el primer período de sesiones del próximo año y lo hará con una importante reforma. Sobre todo, en materia de brecha global pero con especial atención a la brecha salarial que siguen sufriendo las mujeres, por lo que se incluye un plan específico contra esta injusta desigualdad. La reforma de la Ley se hace para multiplicar las oportunidades de las mujeres en Andalucía y cómo no, para fortalecer el compromiso del Gobierno andaluz en la lucha contra la Violencia de Género”, ha dicho Micaela García.
Además, ha señalado las nuevas medidas anunciadas por la presidenta Susana Díaz en el pasado Debate del Estado de la Comunidad, haciendo referencia a la nueva Estrategia Andaluza contra la Violencia de Género, la reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y la prohibición de que los medios de comunicación que publiquen anuncios de contactos sexuales reciban dinero público son iniciativas que se suman al importante trabajo que el Gobierno andaluz viene realizando en materia de Igualdad.
Finalmente, ha valorado que la Junta de Andalucía incluirá, en la reforma de la ley de violencia de género, como víctimas a personas mayores, discapacitados y dependientes que estén bajo la tutela de la mujer maltratada, “con lo que se coloca como comunidad pionera en ampliar el concepto a estos colectivos”.
