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- El TSJA ordena el pago de dicha cantidad, que es la suma de 240.272,07 euros en facturas pendientes y 115.802,92 en intereses y el equipo de gobierno ha decidido no recurrir
- La empresa reclamaba más de 700.000 euros en servicios realizados entre 1997 y 2010 al Ayuntamiento más los correspondientes intereses de demora
(Nota Prensa PP Mijas) La sombra de la desastrosa gestión del PSOE, entre 1979 y 2011, en todos los ámbitos es alargada. Si bien el gran grueso de la deuda histórica socialista acabó con la gestión del PP (2011-2015), también es cierto que quedaron pendientes algunos procesos judiciales por los que todavía hay empresas pendientes de cobrar lo que la administración socialista nunca les pagó. Es el caso de una mercantil que lleva siete años litigando contra el Ayuntamiento y que va a percibir próximamente 350.000 euros de dinero de todos los mijeños porque los gobiernos socialistas (de entre 1979 a 2011) no le pagaron en tiempo y forma.
Así ha trascendido en un acta de la Junta de Gobierno Local del pasado 18 de octubre que viene a decir que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha ordenado al Consistorio abonar a la empresa Dolomitas Españolas S. A. 240.272,07 euros de principal y 115.802,92 euros de intereses por unos servicios que prestó entre los años 1997 y 2010, cuando gobernaba en solitario el PSOE.
Se trata de un pleito que comenzó en 2011, antes de la llegada del PP al gobierno municipal, en reclamación de facturas por la extracción de áridos en las canteras mijeñas entre los años 1997 y 2010. La intención del ejecutivo del entonces alcalde Ángel Nozal era incluirla en el plan de pago a proveedores, por el que se pagaron más de 23 millones de euros de facturas pendientes, pero no se pudieron abonaral estar inmersas en un proceso judicial.
La mercantil ganó en primera instancia, el Consistorio recurrió y, finalmente, en un decreto de septiembre de 2017, Juan Carlos Maldonado (antes PSOE, ahora Ciudadanos) ordenó no recurrir la decisión del TSJA, dando por bueno el consejo del asesor jurídico municipal.
Podría haber sido mucho peor, pues la empresa reclamaba 703.000 euros en facturas que ya figuraban en el Ayuntamiento como aceptadas más los correspondientes intereses de demora. Sin embargo, el juez del tribunal andaluza las ha declarado prescritas, ya que entre que, en muchas ocasiones ha pasado más de una década entre que fueron emitidas y el juez dictó sentencia.
Estos 350.000 euros se suman a los 33,5 millones de euros que el PSOE dejó en facturas pendientes de pago –de los que 23 millones fueron abonados por el PP mediante el plan de pago a proveedores estatal-, a los 19,2 millones de euros en pólizas de tesorería (créditos a corto plazo) que tampoco liquidaron, los 10,5 millones a distintas entidades bancarias que dejaron a deber y los algo más de siete millones de euros en convenios urbanísticos que también quedaron pendientes de pago. Esa fue la situación que se encontró el PP cuando asumió el gobierno municipal, el 11 de junio de 2011. Los populares salieron del gobierno de la administración local liquidando todas estas deudas, de forma que actualmente hay 64 millones de euros en la caja municipal.
