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En la provincia el presupuesto de la Junta de Andalucía para este año permitirá reconocer a más de 37.600 personas en situación de dependencia con 42.600 prestaciones nuevas y más de 130 millones de euros
Los socialistas acusan a Rajoy de querer dejar morir el sistema de dependencia infrafinanciándolo
(Nota Prensa PSOE Málaga) La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y secretaria de Política Municipal, Antonia García, y el parlamentario andaluz del PSOE, Francisco Vargas, han puesto en valor hoy que desde mediados del año pasado Andalucía ha pasado a financiar el 82% de las prestaciones de la Ley de Dependencia “frente a un Gobierno del PP que baja su compromiso a tan solo el 18% cuando debía según la ley cofinanciarla a partes iguales con un 50%”.
Así, Antonia García ha explicado que para seguir manteniendo esta red solidaria en la provincia, el presupuesto de la Junta de Andalucía para este año permitirá reconocer a más de 37.600 personas en situación de dependencia con 42.600 prestaciones nuevas, lo que implicará realizar una inversión que superará los 130 millones de euros en 2018. “Es un compromiso al que la Junta y Susana Díaz no van a renunciar por muchos baches en el camino que se intenten poner por parte del PP y que permitirá, además, destinar 4,4 millones de horas en el Servicio de Ayuda a Domicilio para beneficiar a 8.200 malagueños y malagueñas”, ha dicho.
“Andalucía, con un gobierno socialista, ha demostrado su compromiso y somos la comunidad autónoma con más personas en situación de dependencia, superando ya las 200.000, y con más prestaciones reconocidas: 254.000. Es un esfuerzo para beneficiar al 21% de las personas con dependencia en nuestro país cuando, por población, tenemos solamente el 18% del total”, ha explicado García, recordando que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales incrementa en un 2,5% el importe destinado a las políticas de Atención a la Dependencia para este año, con un total de 1.214 millones de euros.
Desde el PSOE malagueño han destacado que en Andalucía “sí se reconoce este derecho que creó un gobierno socialista sin que tengamos la ayuda que nos debe el Estado”. “A pesar de las dificultades”, ha continuado la vicesecretaria general, la comunidad ha incorporado en 2017 a 36.300 nuevas personas en situación de dependencia a las que se les ha concedido 52.600 nuevas prestaciones. “Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace 11 años, esta tierra ha atendido a 410.000 personas, que se han beneficiado de 540.000 prestaciones. Son cifras que demuestran un compromiso claro y contundente por parte de la Junta de Andalucía”, ha añadido.
“Andalucía dice sí a la Ley de Dependencia, algo que no puede repetir ni Rajoy ni el brazo ejecutor de sus recortes en sanidad cuando era secretario de Estado, Moreno Bonilla, ni aquellos que han respaldado estos recortes con la excusa de la crisis económica, como Elías Bendodo. No en vano, ha sido el presidente del PP de Málaga el que ha entrado en la historia de la provincia como el presidente de la Diputación que ha intentado cerrar los centros de atención especializada dependientes de esta institución, empezando por el Centro Guadalmedina. Mientras que el PP ha dejado claro que no cree en la Ley de Dependencia, Andalucía ha dicho que, frente al no del
Gobierno, en nuestra tierra si que sigue teniendo plena vigencia la Ley de Dependencia, también en Málaga”, ha asegurado.
“Rajoy se ha olvidado del esfuerzo que supone para la ciudadanía andaluza y malagueña, en su mayoría mujeres, el cuidado de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas y tienen reconocida su situación. Es obligación del Estado no dejar a estas personas en la cuneta, así lo dejó establecido el Gobierno socialista de Zapatero con la creación de esta ley”, ha dicho García, denunciando que ante esta situación “no escucharemos al PP de Moreno Bonilla y Bendodo reclamar lo que nos corresponde”.
Finalmente, la dirigente socialista ha señalado que “la Ley de Dependencia es un modelo en el que el PP no cree porque no lo considera rentable”. “Pedir rentabilidad a quien no puede moverse ni
para salir de una cama o ducharse es el modelo en el que el PP cree, una realidad ante la que los y las socialistas nos negamos y contra la que seguiremos luchando desde Andalucía y desde Málaga”, ha concluido.
Por su parte, el parlamentario socialista Francisco Vargas ha destacado el «compromiso firme de un un gobierno socialista, como es el de la Junta de Andalucía, por el desarrollo de la ley de Dependencia». Así, Vargas ha destacado que en 11 años el gobierno regional ha consolidado el derecho a la atención y la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, sus familias, las personas cuidadoras, profesionales y entidades que trabajan en los servicios de Atención a la Dependencia. «Y nuestra Presidenta, Susana Diaz, lo tiene muy claro, al ser el fortalecimiento de este sistema de Atención a la Dependencia una de sus principales prioridades», ha añadido.
Por ello, Vargas ha recordado que la aplicación de esta ley supone una «inversión social» que genera retorno económico y es un impulso para el empleo. «Por eso, el Gobierno Andaluz seguirá defendiendo la aplicación de la ley y blindando los derechos de las personas en situación de dependencia frente al no del Gobierno central, que ha tratado por todos los medios de dinamitarla a través de los numerosos recortes impuestos y de la falta de financiación», ha declarado Vargas.
De forma paralela Vargas ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de «querer dejar morir el sistema de Dependencia infrafinanciándolo, cuando, por el contrario, decía en campaña en 2011, que el PP no iba a recortar en Dependencia y que era intocable. Fue una de las tantas mentiras con las que engañó a los españoles», ha dicho.
En este sentido, el parlamentario socialista se ha referido a los recortes llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy en esta materia como la pérdida de 3.000 millones de euros para la financiación de la Ley, la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar, 55.000 de ellas andaluzas, el endurecimiento de los requisitos para las personas cuidadoras y el retraso de la implantación de la Ley en hasta dos ocasiones.
