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La actual portavoz del Partido Popular, Margarita del Cid, es una de las señaladas como instructora del expediente que derivó en “un proceso inquisitorial contra la secretaria general”, según señala el auto del juez
(Prensa Ayto Torremolinos) El Ayuntamiento de Torremolinos ha sido condenado a pagar 29.805,16 euros, más 2.000 euros de costas, a una habilitada nacional que desempeñaba labores de Secretaría General desde el año 2009 en el consistorio, bajo el mandato del entonces alcalde Pedro Fernández Montes. «Un proceso inquisitorial que terminó en maltrato y vejación profesional duradero y continuado a una habilitada nacional por parte del ex primer edil, y sus concejales de gobierno», así lo recoge la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número seis de Málaga. Por su parte, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos solicitará en el pleno del 22 de marzo que la condena sea sufragada por Fernández Montes, Margarita del Cid, la actual portavoz del Partido Popular e instructora del expediente de sanción, y el resto de miembros del gobierno del Partido Popular.
Maribel Tocón, primer teniente de alcalde, ha lamentado que «la condena recaiga en el Ayuntamiento de Torremolinos, cuando fueron Fernández Montes y Margarita del Cid los que expulsaron a la secretaria general por hacer su trabajo, algo que evidenciaba que el Partido Popular no estaba por la labor de permitir que un funcionario fiscalizase y controlase la labor del Equipo de Gobierno. Un desprecio total a la legalidad y la transparencia que debe reinar en cualquier administración pública. Hasta el propio juez declara que le causa sonrojo la actitud del Partido Popular».
Según reza la sentencia, “las dudas jurídicas que la secretaria general expuso sobre la venta de activos de la Sociedad Municipal para la gestión del agua en la que estaba interesado Fernández Montes, derivaron en un trato marginal y humillante que terminó en un castigo de 20 meses por el simple hecho de realizar su trabajo. Un aislamiento que privaba a la habilitada nacional de realizar su trabajo, denegando sus derechos, reduciendo sus medios materiales y recursos humanos”.
Asimismo, Tocón ha recordado que «la sentencia no sólo evidencia que la expulsión de la trabajadora era desproporcionada, además de estar basada en hechos falsos, sino que hablamos de un acoso continuado que terminó en daño moral y tratamientos psicológicos derivados del cúmulo de tropelías y agravios sufridos por la empleada pública. Ya no lo dice el PSOE o Izquierda Unida, como ya denunciamos en pleno en el 2010, sino que lo dice un juez».
La sentencia «es un ejemplo de que durante el gobierno de Fernández Montes y Margarita del Cid todo se reducía a directrices políticas que terminaron en un grave menos cabo económico, así como una desestructuración profesional del Ayuntamiento, para conseguir que Torremolinos fuese su cortijo», ha manifestado Tocón, quien ha resaltado además que en la sentencia «se pone de manifiesto que durante la expulsión de la trabajadora de su puesto de trabajo, el gobierno del Partido Popular ejerció, casualmente, la venta de la empresa pública municipal que gestionaba el agua».
La propia sentencia señala que «causa sonrojo a este juez la actitud con la que se llevó a cabo el acoso continuado contra la empleada municipal, así como la prepotencia del entonces regidor, Pedro Fernández Montes, de interpelar un recurso de apelación de la sentencia definitiva».
“Además de solicitar a través de una moción la acción de regreso de la indemnización de 31.805,16 euros por la clara responsabilidad de los entonces gobernantes, le pedimos a Margarita del Cid que, una vez conocida la sentencia, pida perdón públicamente por el daño realizado a una funcionaria que realizó su trabajo en base a la ley, así como por el perjuicio económico que supondrá para todos los torremolinenses asumir esta sanción derivada del acoso que ellos ejercieron a esta empleada pública», ha concluido Tocón.
