Salud designa un interlocutor sanitario en la provincia para avanzar en prevención e información sobre agresiones a profesionales

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La delegada Salud ha mantenido una reunión con representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para informales sobre este nombramiento y  las medidas de seguridad y prevención puestas en marcha

(Prensa Junta Andalucía) La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha designado al secretario general de Servicios Periféricos de la Consejería de Salud, Juan Monedero,  interlocutor sanitario en la provincia con el objetivo de continuar avanzando en materia de prevención de agresiones a profesionales en los centros sanitarios públicos. La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, ha mantenido esta semana una reunión con representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para informales que el interlocutor designado será el encargado de canalizar la comunicación con ellos en cuanto a las agresiones registradas en la sanidad pública malagueña, así como de las medidas de seguridad, los cursos de formación y las medidas de prevención puestas en marcha por la Consejería de Salud.

El interlocutor realizará además el seguimiento de las distintas medidas de apoyo a los profesionales que han sufrido una agresión. La puesta en marcha de esta nueva figura es una línea de trabajo más del ‘Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales’ de Andalucía, puesto en marcha en 2005 y el primero a nivel nacional en este ámbito.

En este sentido, González afirma que “el Gobierno andaluz tiene una especial sensibilidad y compromiso con las agresiones a profesionales”, y ha puesto en valor que Andalucía fuera la primera comunidad en poner en marcha un Plan específico en este ámbito, para poner en marcha medidas de prevención y control, así como de apoyo a los profesionales.

Además, ha destacado el empeño de la Administración sanitaria andaluza y el trabajo conjunto realizado con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para conseguir que estas agresiones pudieran ser consideradas como delito de atentado. De hecho, ya 2009 se consiguieron las primeras condenas en este sentido.

Así, el Servicio Andaluz de Salud ha logrado en 2017 en la provincia 27 sentencias condenatorias, de las que 5 han sido por delitos de atentado y el resto por amenazas, lesiones e injurias, entre otras. Además, durante el mismo periodo, la Asesoría Jurídica del SAS en Málaga ha realizado 28 asistencias letradas a profesionales víctimas de agresiones en el desempeño de su trabajo.

El Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía engloba asistencia jurídica, apoyo psicológico, formación y diferentes medidas y protocolos con el objetivo de prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir los profesionales sanitarios en sus centros de trabajo. Asimismo, establece un protocolo de actuación, en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal.

Uno de los objetivos para evitar situaciones de conflicto es que el mayor número posible de profesionales cuente con las habilidades sociales necesarias para abordarlas de la forma adecuada. Por ello, se ha impartido formación que les permite aprender a identificar posibles situaciones conflictivas y el perfil de los potenciales agresores, así como saber actuar en consecuencia. Así, se les ofrece las herramientas necesarias para mantener un comportamiento que favorezca una relación de confianza mutua con el usuario, desarrollar habilidades de autocontrol, saber escuchar activamente, y empatizar con los pacientes y usuarios para evitar situaciones de riesgo.

Hay que recordar que los centros sanitarios cuentan también con elementos de seguridad como dispositivos de alarma o interfonos en consulta, videocámaras, salidas alternativas en consulta, instalación de software antipánico en ordenadores o vigilantes.

En 2017, se registraron en la provincia un total de 221 agresiones entre profesionales de la sanidad pública, lo que sitúa la tasa de agresiones por número de profesionales en 13,19 casos por 1.000 profesionales.

Ana Isabel González ha insistido en que debe existir “tolerancia cero” frente a las agresiones y ha apelado a seguir trabajando conjuntamente entre todos y todas en esta lucha.