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Las acciones se incluyen en la Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, con una inversión de más de 169,5 millones hasta 2022
(Prensa Junta de Andalucía) La Junta de Andalucía impulsará actuaciones en 14 zonas desfavorecidas de la provincia para mejorar la calidad la vida de sus habitantes, uno de los principales objetivos de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que han presentado hoy en Málaga el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González.
Los delegados del Gobierno e Igualdad han mantenido un encuentro hoy con representantes de la Diputación de Málaga y alcaldes y concejales de los municipios implicados para abordar esta iniciativa impulsada por la Junta que se desarrollará hasta 2022 y que cuenta con una inversión de más de 169,5 millones de euros que permitirán actuar en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma. Estas actuaciones contribuirán a mejorar la calidad de más de 914.000 personas.
Las zonas de la provincia en la que se llevarán a cabo estas actuaciones son la zona de Pueblo Nuevo de la Axarquía, La Gloria, la Cuesta del Visillo, y Casas de la Vía, en Vélez-Málaga; Torremolinos Norte; la Dehesa El Fuerte, en Ronda; Las Albarizas, en Marbella; Álora; y en Málaga las zonas de Palma-Palmilla, Trinidad y Perchel, Cruz Verde y Lagunillas, La Corta, Dos Hermanas, Nuevo San Andrés y el Torcal, Campanillas, Los Asperones, y Castañetas.
El delegado del Gobierno andaluz ha subrayado que esta estrategia se entronca en una de las principales prioridades del Gobierno andaluz, que son las políticas sociales, y se suma a una serie de medidas y acciones que ya viene ejecutando la Junta de Andalucía para apoyar a las personas más desfavorecidas, como son la Renta Mínima de Inserción Social, con 20.000 beneficiarios en Málaga; el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, que incluye Programa de Ayudas a la Contratación (6,6 millones de euros y 3.700 contrataciones en la provincia) y Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, dotado con 4,4 millones; el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, con 7.970 menores beneficiarios; y el Bono Social para la tarifa eléctrica.
Ruiz Espejo ha subrayado que con la “Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas”, el Gobierno andaluz renueva, da un nuevo impulso, a los esfuerzos que las diferentes Administraciones, tanto autonómica como local, venimos destinando a estos territorios.
El nuevo plan dirigido a zonas desfavorecidas, de carácter transversal y cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
La estrategia arranca con algo más de 37,2 millones de euros canalizados a través de dos convocatorias de ayudas que se abrirán este año. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, destinada a entidades privadas sin ánimo de lucro, dedicadas al ámbito de la acción social para el desarrollo de programas en zonas dentro del marco de los Planes Locales, tiene una dotación a nivel andaluz de más de 37 millones de euros para todo el periodo, de los cuales más de 9,3 millones de euros corresponden a 2018.
Las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Las áreas seleccionadas se encuentran, en su mayor parte, en entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable, y afectados por la existencia de barreras físicas.
Criterios y medidas de la intervención
La intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria.
Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes las diputaciones provinciales. Éste es el caso de Álora, única población malagueña de estas características incluida en el documento. Dichos planes, que serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, contarán con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
La consejería abrió el pasado 11 de mayo una convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la contratación de 122 personas encargadas de trabajar en el diseño y elaboración de estos planes locales, con un importe máximo de 827.000 euros.
