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El decano, Francisco Javier Lara, y el equipo que coordina la atención a estas personas mantienen una reunión con Francisco Fernández Marugán en la sede colegial
(Nota Prensa Colegio Abogados Málaga) El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha visitado esta semana el Colegio de Abogados de Málaga y ha mantenido un encuentro con el decano, Francisco Javier Lara, miembros de la Junta de Gobierno y el equipo del turno de oficio que coordina la asistencia a personas extranjeras que llegan a nuestras costas en pateras.
En esta reunión, el Colegio le ha trasladado al Defensor del Pueblo los problemas más importantes que se encuentran a la hora de realizar esta atención, que se canaliza a través del servicio de asistencia jurídica gratuita.
El decano ha recordado que la corporación malagueña fue pionera en la puesta en marcha de un turno especial de oficio para asistir jurídicamente a estas personas, que ya recibió en su día la felicitación por parte del Defensor. Más de 300 abogados malagueños integran este turno y reciben formación de manera obligatoria y periódica para ofrecer un servicio de máxima calidad.
Uno de los principales problemas que se encuentran los abogados en la asistencia a estas personas hace referencia a la representación de cara al recurso contencioso-administrativo. En muchas ocasiones se está negando la designación de un procurador, de modo que, cuando los extranjeros no se presentan para firmar en los juzgados, los procedimientos se archivan. Este es uno de los asuntos que el Colegio de Abogados de Málaga incluyó en el recurso contencioso-administrativo que presentó en abril contra la Orden de 13 de febrero de 2018 de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio por los profesionales de la abogacía en la comunidad autónoma.
También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar la coordinación con las ONG, ya que los letrados necesitan saber dónde se encuentra el migrante a la hora de recurrir una orden de devolución cuando ha solicitado protección internacional para verificar si finalmente llegó a formalizarla. También se precisa esa coordinación para el acompañamiento a los juzgados de cara a otorgar el apoderamiento ‘apud acta’ en los procedimientos contencioso-administrativos. Algunas ONG no están facilitando la información, amparadas en la ley de protección de datos.
En tercer lugar, el Colegio ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con más traductores a la hora de asistir a los migrantes en comisaría. El tiempo para la entrevista individual es, además, muy limitado y la asistencia se ralentiza mucho, especialmente en llegadas superiores a cien personas. En este punto, sería conveniente que los abogados se pudieran entrevistar con estas personas en los pabellones a los que son trasladados o en el polideportivo de la propia comisaría, mientras la Policía prepara los expedientes administrativos. De este modo, las asistencias serían más rápidas y efectivas.
De este punto se deriva el siguiente, que hace referencia a la ausencia de un lugar adecuado para prestar las asistencias, con capacidad suficiente y las instalaciones mínimas exigibles desde el punto de vista médico, alimentario y jurídico. El Colegio está trabajando con la Subdelegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria y las ONG para buscar una solución estable.
En quinto lugar, el Colegio ha señalado que debe darse al letrado copia completa de todo el expediente administrativo, con acceso a las pruebas médicas que se practiquen a los presuntos menores, que se les dé traslado del decreto del ministerio público y que se cumpla el protocolo de MENAs en cuanto a la determinación de la edad. Además, debe haber un nombramiento de representante jurídico de los que sean declarados menores.
Por último, los representantes colegiales han trasladado al Defensor del Pueblo que otro de los problemas que se encuentran en la asistencia a extranjeros que llegan por vía marítima es que la lectura de derechos debe realizarse en presencia del abogado, con la firma de los dos. Las notificaciones también deben hacerse ante su letrado. Actualmente, el traslado de las resoluciones a los abogados se está efectuando con mucho retraso, incluso de hasta quince días, con lo que se reducen los plazos para la interposición de los recursos de alzada, ya que dicho plazo comienza desde la notificación al interesado.
El Defensor del Pueblo ha tomado nota de todas estas situaciones y se ha mostrado muy preocupado especialmente por la problemática en torno a los menores no acompañados, que precisan una atención especial.
