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El grupo municipal presentará en la Mesa del Turismo que se celebra mañana una propuesta para abordar la problemática de los pisos turísticos en Torremolinos. Ya lo adelantó el concejal Rafael Herrero en el pleno celebrado en junio, apostando por la elaboración de una Ordenanza propia que regule su funcionamiento con el objetivo de dar seguridad jurídica a las personas propietarias y tranquilidad a las vecinas y vecinos de la localidad.
“El lugar donde debemos tratar este asunto es en la Mesa de Turismo que para eso estamos representados tanto las asociaciones del sector como los partidos políticos. Queda muy bonito instar a la Junta de Andalucía o al Gobierno central para que legisle, pero la mejor manera de solucionar el problema es que los que conocemos Torremolinos aportemos las soluciones”, explica Herrero.
La Mesa del Turismo es el punto de encuentro entre profesionales del turismo y el Ayuntamiento y se creó para facilitar la participación, el consenso y el diálogo entre todas las partes. “Es el espacio perfecto para que aportemos soluciones y acerquemos posturas, ya que es un tema que esta afectando a la capacidad que tienen las familias de acceder a una vivienda en el municipio”, ha señalado el concejal.
El fenómeno de los alquileres turísticos está provocando un aumento exagerado de los precios de los alquileres, haciendo casi imposible encontrar una vivienda a un gran número de personas. Además, la concentración de estos pisos en determinadas zonas de la ciudad está generando graves problemas de convivencia en las comunidades de propietarias y propietarios.
“No pretendemos señalar a las personas que se dedican a esta actividad, ni acribillarlos a base de impuestos como se ha señalado desde algunos ámbitos, sino que queremos poner orden desde el plano municipal y aumentar el control sobre la actividad”, aclara el concejal de la formación morada que ha invitado a todos los partidos políticos a colaborar en la iniciativa.
Torremolinos necesita una normativa local que regule el fenómeno, lo integre en la ciudad y establezca un marco claro en el que todas y todos puedan informarse sobre sus derechos y obligaciones.
