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El concejal responsable del área y segundo teniente alcalde, Andrés Ruiz (Cs), ha detallado esta mañana que el documento tiene como objeto la regularización del proceso para que el uso de los espacios se realice en igualdad de condiciones
El concejal de Patrimonio y segundo teniente alcalde, Andrés Ruiz (Cs), ha anunciado esta mañana que el departamento está terminando de perfilar una ordenanza reguladora de la cesión de espacios municipales a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en el municipio. «Como administración pública más cercana queremos poner a disposición de nuestros vecinos esos bienes que les pertenecen de manera ordenada para apoyar e impulsar el tejido asociativo de la ciudad», señala Ruiz quien añade que «de esta manera el Consistorio contribuye al fomento de todos los aspectos sociales, solidarios o culturales que puedan ser de interés general para la ciudadanía».
El objeto de la ordenanza es la regulación del procedimiento para que el acceso al uso de dichos inmuebles se produzca en igualdad de condiciones, primando el mayor beneficio que a la sociedad pueda reportar el destino asociado a los mismos. «Hasta ahora la cesión de espacios era discrecional y eso generaba incertidumbre e inseguridad en las asociaciones además de desigualdades», añade el segundo teniente alcalde.
Una vez esté finalizada la ordenanza será elevada al pleno de manera provisional y recorrerá el proceso estipulado para este tipo de documentos por lo que, finalmente, no entrará en vigor hasta el año que viene.
«Tenemos que optimizar nuestros recursos y una fórmula para ello, como regla general, es el hecho de que el uso de un local pueda ser compartido entre varias asociaciones con el mismo fin o que tengan características similares y los proyectos compatibles para que así todas tengan cabida y atender la demanda que existe», apunta el concejal quien añade que «el régimen de uso exclusivo será excepcional».
De la misma manera, el concejal ha detallado que «a estos inmuebles podrán optar las entidades sin ánimo de lucro que estén inscritas en el registro municipal y estén declaradas de utilidad pública».
El plazo de vigencia de las cesiones se haría a cuatro años con posibilidad de prórroga, la cual deberá solicitarse con seis meses de antelación al vencimiento. «Vamos a poner en marcha unos criterios objetivos de valoración porque para el equipo de Juan Carlos Maldonado todos los mijeños son iguales y no podemos favorecer a unos por encima de otros», concluye el edil.
