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El alcalde ha solicitado que tanto el informe del auditor como las audioactas del Consejo de Administración formen parte de la investigación
Al supuesto ‘perito judicial’ le constan antecedentes policiales, el último en noviembre de 2018 como presunto autor de un delito con la calificación genérica de “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico / Delito de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafas”
(Prensa Ayto Mijas)El secreto de confidencialidad de la auditoría informática encargada por Mijas Comunicación es el motivo por el cual, desde el Ayuntamiento de Mijas, no se ha podido informar a la ciudadanía sobre este estudio que saltaba a los medios de comunicación el pasado miércoles 27 de marzo. Tras estos días donde la prensa se ha hecho eco de cada detalle del mismo a través de filtraciones de miembros del mismo consejo, el alcalde del municipio, Juan Carlos Maldonado, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación pues es de dominio público cada paso que ha dado este órgano y es necesario que la ciudadanía conozca qué es lo que ha estado sucediendo. El regidor ha explicado cómo han transcurrido los hechos y ha desmontado la presunta trama.
En primer lugar, el alcalde se ha referido al informe del auditor. “El supuesto perito se echa atrás de todos los graves delitos que informó al Consejo que se estaban produciendo en Mijas Comunicación y de las graves imputaciones a trabajadores del medio. ¿Dónde está el espionaje entonces?”, se cuestiona. En el día de hoy, el alcalde ha solicitado al juzgado, en su calidad de denunciante, que se requiera a Mijas Comunicación para que remita las grabaciones del Consejo de Administración, donde consta la intervención del supuesto perito y sus graves imputaciones, así como la copia del “Informe” aportado por este, para una depuración de responsabilidades con todas las garantías legales.
El informe entregado por el auditor consta de 147 páginas de las cuales apenas una veintena son de texto que, además, va acompañado de fotos. El resto son imágenes, fotocopias e emails. En ningún momento se detalla que haya habido escuchas telefónicas, ni recoge la existencia de conversaciones de Whatsapp de consejeros, no habla de las supuestas carpetas llenas de información de los concejales menos de Mari Carmen Carmona, no se refiere a que miembros del gobierno local y el consejo de administración conocían aspectos nunca revelados de trabajadores de la empresa, no dice que puede haber áreas sensibles del Ayuntamiento afectadas (solo manifiesta la preocupación del consejo pero nunca que él lo haya expuesto). Solo en la página de conclusiones hace la recomendación de ampliar el estudio al Consistorio (lo que implicaría una ampliación de sus honorarios) pero sin nombrar a ningún área del Ayuntamiento ni que tuviera sospechas. El presunto perito nombra una serie de programas informáticos cuya cuestión principal sería ¿los programas que nombra en el informe son legales?
“No soy un experto en informática pero el informe deja mucho que desear. Voy a adjuntarlo a la Guardia Civil para que lo añada a la investigación abierta. Lo que quiero es que se sepa toda la verdad de este asunto y que sean auténticos profesionales de la justicia quienes actúen”, señala el primer edil.
Las sospechas de Maldonado de que todo pudiera tratarse de un presunto fraude están más que justificadas, sobre todo, desde que el primer edil interpusiera una denuncia en la Guardia Civil. El regidor ya cuenta con las primeras pesquisas de la investigación al ser denunciante de los hechos donde al supuesto ‘perito judicial’ le constan antecedentes policiales, el último de ellos en noviembre de 2018, ambos relacionados con este tipo de actuaciones. “No sé en que estado se encuentran pero esta es la información de la que dispongo”, añade el regidor.
Así pues, el auditor consta como posible autor de un supuesto delito de estafa por la venta de un vehículo a través de Internet en 2011 así como una detención en noviembre de 2018 como presunto autor de un delito con la calificación genérica de “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico / Delito de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafas”.
“Esta información aumenta aún más mi preocupación, preocupación que ya expuse en el último consejo de administración aún sin saber estos datos porque la actitud y el proceder de este señor ya eran suficientes como para parar esa auditoría que, a simple vista, estaba plagada de posibles irregularidades”, señala Maldonado quien añade que “por eso solicitó al consejo que se suspendiera, petición que desoyeron el resto de consejeros”.
Con una simple búsqueda de Google, el buscador arroja datos sobre este supuesto perito donde se ve que presenta incidencias judiciales significativas y donde su nombre y el de empresas donde es o ha sido administrador han sido publicados por deudas con las Administraciones Públicas o por demandas presentadas por particulares ante los Juzgados.
Maldonado ha ido detallando cómo han ido surgiendo los acontecimientos de lo que ha calificado como “toda una puesta en escena que ha tenido en vilo a un municipio entero pensando que teníamos tramas de espionaje y escuchas y que, incluso, estas escuchas podían haberse trasladado al Ayuntamiento y a la ciudadanía”.
“El flujo informativo en prensa ha sido constante creando una auténtica alarma social que ha llegado a provocar auténtica psicosis y hasta que se paralizara la actividad económica por un día en el ayuntamiento”, añade el regidor quien ha destacado que “los hechos son realmente graves por muchos motivos pero el principal porque esta persona sí ha tenido acceso a los dispositivos informáticos de nuestra televisión pública, empresa que tiene una inversión anual de casi 2,5 millones de euros”.
Secuencia de los hechos
La actual directora propuso al consejo de administración, en el cual no olvidemos, están representados todos los grupos políticos, que se hiciera una auditoría cuando se produjo el cambio de dirección hace casi dos meses, extremo que el consejo acabó aprobando.
“A partir de ese momento comenzaba toda esta película auspiciada por lo que considero todo un profesional de las artes escénicas, porque, desde luego, la actuación ha sido de Óscar. Este señor alegaba ser perito judicial, se puso un chaleco y una placa y entró a la empresa precintando mobiliario, supuestamente, a hacer esa auditoría”, relata el alcalde.
Perito judicial es aquel que designa un juzgado y únicamente puede actuar por mandato judicial designación que previamente a su intervención debe ser aceptada por el perito ante el juzgado. En este asunto, hasta su contratación, no existía ningún proceso judicial donde este señor haya podido ser nombrado por el juzgado. En ningún momento un auditor de parte puede alzarse con esa denominación. Hace dos semanas fue invitado al consejo de administración para que ofreciera un avance de su trabajo y fue donde puso en antecedentes de una serie de cuestiones presuntamente delictivas y, para las cuales, no aportó ninguna prueba.
“En ese momento fue cuando comencé a sospechar que algo no cuadraba. La actitud de este señor, su exposición, su alegato de perito judicial, su indumentaria, la manera de achacar delitos sin pruebas… No cuadraba nada”, asegura Maldonado.
Por todo esto, el alcalde decidió poner sus sospechas en conocimiento de la guardia civil y, en el siguiente consejo de administración del 29 de marzo, fue acompañado de un abogado para que él, como profesional, le lanzara las preguntas oportunas. “Se erigió como perito judicial diciendo que estaba actuando de oficio porque había encontrado pruebas de delito. ¿Dónde está el mandato judicial? Si dice que hay pruebas de delito… ¿Lo ha comunicado al juzgado? ¿Qué titulación tiene? ¿Está preparado técnicamente para llevar a cabo este trabajo?”, cuestiona Maldonado.
De la misma manera, el supuesto perito pidió en uno de los consejos de administración que se le abonaran casi 6.000 euros para pagarle porque decía que necesitaba un software muy avanzado para llevar a cabo la supuesta investigación. Además, aseguró que el presunto espionaje se trasladaba a áreas sensibles del Ayuntamiento y propuso también que se realizara una auditoría en el Consistorio, con el consiguiente gasto económico que ello supone.
“Todo sonaba muy raro. Para empezar no puede actuar de oficio pero, si realmente eres un perito judicial y estás actuando de oficio o bajo el paraguas de un juzgado, ¿no cobras por tu empresa privada no? Evidentemente, tras el último consejo ya formalicé una denuncia ante la guardia civil tras haberles puesto ya en antecedentes mis sospechas”, asegura el primer edil.
En primer lugar ni la directora, ni el propio auditor acreditaron en ningún momento ese mandato judicial. Por tanto, todas las pruebas que podrían haberse obtenido de esos supuestos delitos que narraba el presunto auditor serían nulas en un juzgado al haberse obtenido ilícitamente bajo la apariencia de la actuación de un perito judicial que realmente no es.
“Lo más grave es que si realmente se comprobaban mis sospechas de que se trataba de un presunto fraude, teníamos al lobo cuidando a las gallinas en Mijas Comunicación vulnerando todos los derechos de los trabajadores y teniendo acceso a información confidencial, datos económicos y todo el abanico de posibilidades que ofrece la informática”, detalla Maldonado. “¿Quien nos asegura que este señor no ha manipulado los equipos?”, añade.
A pesar de las advertencias del regidor, de la puesta en conocimiento del consejo de administración de las sospechas y de presenciar todos los consejeros la falta de respuestas al abogado, el consejo aprobó una ampliación de la auditoría con el voto en contra del alcalde y de la concejala, Mari Carmen Carmona.
“Quiero también lamentar el ataque continuo hacia el antiguo director al que, ni tan siquiera, se le ha respetado la presunción de inocencia por parte de muchos de los miembros del consejo”, concluye el regidor.
