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El Ayuntamiento ha celebrado un pleno corporativo donde se ha puesto de manifiesto el problema del supuesto acoso laboral que viven algunos trabajadores en la empresa municipal y, de los cuales, se podrían estar vulnerando sus derechos con esta auditoría
(Prensa Ayto Mijas) El Ayuntamiento de Mijas ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario para abordar el presunto ‘Caso espía’ donde, por unanimidad, todos los grupos políticos han acordado “respaldar la investigación judicial facilitando toda la información a la autoridad judicial”. Como novedad en esta sesión plenaria, la corporación ha puesto encima de la mesa un problema de supuesto acoso laboral que han denunciado varios trabajadores de Mijas Comunicación y, de los cuales, se podrían estar vulnerando sus derechos con la auditoría.
En noviembre de 2017, cuatro trabajadores del departamento de Mijas Semanal (casi el 70 por ciento de los periodistas laborales de dicho periódico en esa fecha) pusieron en conocimiento de la empresa que estaban viviendo supuestas situaciones de acoso en la sociedad municipal señalando a los delegados de personal entre los que se encontraba la actual directora. Tras un curso de ‘coaching’ puesto en marcha desde la antigua dirección para intentar paliar la situación, sin éxito, uno de los empleados solicitó el protocolo antiacoso contra una de las delegadas de personal (convertida recientemente en directora con el apoyo de PP, PSOE y CSSP). Posteriormente a este taller se puso en marcha un proceso de mediación que tampoco logró aplacar el problema.
Actualmente la empresa tiene cinco trabajadores que han puesto en conocimiento de Mijas Comunicación su supuesta situación y de los cuales tres han interpuesto denuncias formales por acoso laboral formuladas antes de conocerse los resultados de la auditoría, informe que hace referencia directa e, incluso, atribuye delitos a algunos de estos empleados que han denunciado.
“Tenemos que ser muy cautelosos con este tema. Partiendo de la presunción de inocencia de las personas a las que señalan los diferentes escritos, lo cierto es que un departamento casi al completo ha denunciado una situación de acoso laboral que aún no está resuelta y que la respuesta del consejo de administración ha sido colocar a la persona que estaba inmersa en ese conflicto en la dirección agravando aún más todo este problema”, señala el edil, José Carlos Martín.
El 13 de febrero de 2019, la oposición destituyó al antiguo director con los votos a favor de la oposición (PP, PSOE y CSSP) y en contra del gobierno (Cs) sin que el punto estuviera reflejado ni tan siquiera en el orden del día. De la misma manera, en esa jornada se nombró a la nueva directora con los mismos apoyos. La primera medida de la nueva responsable del medio fue proponer una auditoría informática alegando, tal y como se ha reflejado en el pleno, que necesitaba recuperar el correo electrónico y la información del email de dirección de la empresa, extremo que, a priori, acepta el consejo de administración.
“Ya en la memoria justificativa del contrato que prepara la empresa se recoge la supuesta sospecha de que se estaban cometiendo delitos y el informe previo del abogado deja claro que las posibles pruebas que se recopilasen no iban a tener valor en un juzgado en caso de encontrar algún ilícito, lo que sí recoge es que podrían servir para un despido disciplinario”, relata Martín quien añade que “si alguien piensa que se está cometiendo un delito ha de ir a la Justicia y no a una empresa privada”.
En este sentido el concejal ha vuelto a pedir cautela pues, en el informe de la auditoría se ataca directamente a algunos de los empleados que han denunciado el acoso laboral además de la gravedad que supone que se haya puesto encima de la mesa del consejo de administración un expediente para el antiguo director, el cual ya puso en conocimiento de la justicia todos los problemas que aseguraba estar viviendo en el traspaso de poderes de la dirección. “¿Vamos a expedientar a un trabajador sin tener ni una prueba y que, además, ha interpuesto una denuncia por acoso?”, cuestiona.
Así pues, en la sesión plenaria PP, PSOE y CSSP han dado en todo momento veracidad al perito, extremo que ha puesto en tela de juicio el equipo de gobierno. “En la auditoría no se dice nada de todos los delitos que imputa de viva voz en el consejo de administración del día 22 de marzo. El alcalde ha puesto en manos de la Guardia Civil todos los hechos y será una investigación con todas las garantías de la ley la que esclarezca de una vez qué es lo que está pasando en Mijas Comunicación”, añade por su parte el edil, Andrés Ruiz.
PP, PSOE y CSSP votaron a favor de ampliar la auditoría (y en consecuencia los honorarios) al perito que ha realizado dicho informe en la empresa municipal y que anteriormente, tal y como ha quedado patente en el pleno, había trabajado a nivel particular para la directora.
“Confiamos plenamente en la justicia y en que pronto se resuelva este problema que afecta de manera directa a los trabajadores de Mijas Comunicación”, concluye Ruiz.
