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La Comisión Redactora de la Propuesta de Resolución de la 10ª Asamblea General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por Fernando Rodríguez Villalobos y en la que también se encuentra el alcalde de Alhaurín de la Torre y vicrepresidente primero, Joaquín Villanova, ha aprobado el texto a debatir en la Asamblea que dará comienzo el próximo 28 de septiembre. La Resolución que se apruebe en esta Asamblea marcará la agenda política de la Federación para los próximos cuatro años.
La Comisión Redactora ha valorado “muy positivamente” el trabajo desempeñado por las corporaciones locales desde las primeras elecciones municipales de abril de 1979. En este sentido, ha subrayado que “los primeros ayuntamientos democráticos se pusieron en marcha con mucha ilusión, con ganas de transformar la sociedad y con el trabajo de 8.717 concejales que dejaron una huella imborrable de proximidad y modernización. Hombres y mujeres que hicieron de la participación ciudadana el motor del asociacionismo y, desde entonces, se crearon unos servicios públicos de calidad que permiten unas políticas sociales que dignifican a las personas”.
La Resolución recoge el impulso que las corporaciones locales han experimentado a lo largo de estos últimos 40 años en la universalización de los servicios sociales básicos, urbanismo, impulso de la cultura y el deporte; así como el diálogo y la cooperación para que la ciudadanía participara en la construcción de sus pueblos y ciudades.
La 10ª Asamblea se conmemora en un año emblemático y significativo para el municipalismo ya que se cumplen 40 años de Democracia local. La evocación de este aniversario recuerda el triunfo del diálogo, la participación, el compromiso, la responsabilidad y el progreso.
Desde su creación, la FAMP ha sido un instrumento eficaz en la defensa de los intereses y la autonomía local en Andalucía, referente para el resto de federaciones municipalistas de España. Ello ha sido posible gracias al grado de consenso logrado entre todos los grupos políticos representados en sus órganos de gobierno y por la firmeza y el rigor de sus planteamientos ante otras administraciones públicas.
La Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y la Ley Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LPELTCA) suponen un antes y un después en el marco jurídico local andaluz. Ambas normativas son fruto de la tarea desarrollada desde la FAMP por sus órganos de gobierno con el impulso de las iniciativas y demandas de los Gobiernos locales que la integran.
La FAMP ha reivindicado su participación en la elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía y ha desarrollado una intensa labor de interlocución respecto a la elaboración de leyes locales. Con la entrada en vigor de la LAULA se ha conseguido que una Ley de mayoría cualificada reconozca un único nivel de Gobierno local (integrado por la autonomía municipal y provincial) y que establezca y reserve un extenso elenco de competencias propias y mínimas a los Gobiernos locales, competencias que no podrán ser recortadas, aunque sí ampliadas, por las leyes sectoriales y siempre con la suficiente dotación de recursos.
La creación del Consejo Andaluz de Concertación Local, órgano paritario de interlocución y colaboración entre la Administración Local y la Autonómica, ha facilitado las relaciones entre ambos poderes territoriales pero ha sido la constitución del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, lo que ha supuesto un paso decisivo al estar conceptuado en el art. 57 de la LAULA como un órgano de composición exclusiva de Gobiernos Locales, con funciones claras de defensa de la autonomía y competencias locales mediante el informe preceptivo de los proyectos normativos autonómicos.
La FAMP ha sido una institución imprescindible en el desarrollo de una estructura territorial equilibrada y democrática que tuvo su reflejo en el Estatuto de Autonomía. Durante los próximos cuatro años, la Federación generará espacios para el debate ya que los gobiernos locales se enfrentan al futuro desde una agenda de actuaciones más complejas y heterogéneas que pondrán a prueba las capacidades de los ayuntamientos. Las incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan a la vida de pueblos y ciudades. Adaptarse a esos cambios es fundamental para seguir ofreciendo servicios públicos de calidad y excelencia.
En este sentido, los ayuntamientos y sus equipos de gobierno son los que desde posiciones de primera fila deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local y en la resolución de unos problemas cada vez más complejos y difíciles de resolver desde los recursos que disponen. El bienestar individual y colectivo de la ciudadanía depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la buena gestión que se haga de esos servicios y recursos.
