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Rocío Ruiz comparece en Comisión para hacer balance del plan de choque e informar del Pacto de Estado que se reclama al Gobierno central
(Prensa Junta Andalucía) La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha comparecido hoy en Comisión parlamentaria para informar acerca de la situación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia tras la puesta en marcha del plan de choque, así como sobre el Pacto de Estado propuesto al Gobierno central para proteger y garantizar dicho Sistema.
Durante su intervención, ha destacado que su departamento ha abonado más de 1.200 millones de euros (1.217.656.657,93 euros) en todo 2019 en prestaciones y servicios de Dependencia. “En concreto, hemos pagado más de 531 millones de euros a las entidades locales, más de 375,7 millones a las entidades del Tercer Sector, y cerca de 287 millones a personas beneficiarias de prestaciones económicas”, ha detallado.
Por provincias, las entidades locales y sociales de la provincia de Almería han recibido más de 104,5 millones de euros; las de Cádiz más de 162,2 millones; las de Córdoba un total de 127,9 millones de euros; a las entidades de la provincia de Granada se les ha abonado unos 134 millones de euros; a la provincia de Huelva se ha destinado 111,3 millones de euros; entidades locales y sociales de la provincia de Jaén han recibido más de 128,8 millones de euros; las de Málaga un total de 189,5 millones de euros y las entidades de Sevilla 255,4 millones de euros.
Además, la consejera ha subrayado que “desglosado por prestaciones de servicio, hemos abonado más de 444 millones a Ayuda a Domicilio (en 2018 fueron 374 millones), más de 358 a Atención Residencial, más de 88 millones a Unidades de Estancia Diurna y 3,8 millones a Respiro Familiar, entre otras”.
Por otra parte, Ruiz ha resaltado que gracias al plan de choque “hemos alcanzado máximos históricos en el número de personas atendidas (220.375 personas beneficiarias a cierre del año pasado) y 293.661 prestaciones, de las que el 75,4% corresponden a servicios, que supera la media nacional (69,7%) y 24,6% a prestaciones económicas”.
Además, entre abril y diciembre de 2019, se ha producido un incremento neto de 10.071 personas beneficiarias y 16.652 prestaciones. La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha señalado a modo de balance que “el año pasado se han grabado un total de 114.143 solicitudes tanto iniciales como de revisión, frente a las 90.161 grabadas en 2018”.
A este incremento en la grabación de solicitudes hay que sumar la subida en el número de solicitudes iniciales presentadas en 2019, una media de 329 solicitudes mensuales más que en 2018. Por ello, la titular de Igualdad ha advertido que “en 2019 se ha valorado más, por tanto, la subida de la lista de espera no se debe a una peor gestión sino todo lo contrario, a una gestión mejor y más transparente”.
Pacto de Estado
Durante su comparecencia en Comisión, Rocío Ruiz ha detallado también sobre el acuerdo aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno por el que se insta al Ejecutivo central a realizar un Pacto de Estado en defensa y garantía del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La consejera ha explicado que el documento presentado plantea ocho cuestiones como contenidos mínimos a abordar en el Pacto de Estado. “En primer lugar, se plantea establecer una garantía de la financiación del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas Comunidades Autónomas, de manera que cada administración financie el 50% del presupuesto”, ha señalado. En la actualidad, Andalucía está asumiendo el 82% de la financiación del Sistema de Dependencia.
Además, para poder establecer un sistema de financiación ajustado a la realidad, que éste sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos manifiestamente erróneos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004) en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia. Si se comparan dichas previsiones con la realidad de la aplicación de la Ley, resulta evidente que se ha producido una infrafinanciación del Sistema por parte de los Gobiernos de España que, a su vez, supone un incumplimiento grave y continuado del artículo 9, artículo 32 y la disposición adicional primera de la Ley de Dependencia.
“También proponemos el establecimiento de recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal y la prevención de la dependencia. Asimismo, es necesaria la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables”, ha reiterado la consejera.
La titular de Igualdad ha resaltado que “creemos necesario reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia para personas con discapacidad a los mayores de 65 años, para que no tengan que abandonar los recursos de atención”. “También debemos definir un sistema de atención integrado, que asegure una aplicación análoga de la Ley de Dependencia en todo el territorio nacional. Para ello, planteamos crear una caja única y un Fondo de Garantía de la Dependencia que garantice la financiación del Sistema”, ha subrayado.
Por último, ha explicado que “es necesario, además, unificar y simplificar los procedimientos, y revisar la intensidad de protección de los servicios. Y demandamos también una reestructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia”.
