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El anteproyecto de la norma, impulsada por la Consejería de Regeneración, entra en fase de consulta pública
(Prensa Junta Andalucía) El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Pública, Juan Marín, ha considerado como “muy buena noticia”, el inicio del proceso para el trámite del expediente del anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía.
El Portal de la Transparencia ha publicado en el día de hoy la consulta pública previa, según establece el artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. Con esta consulta se prevé recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. “Espero que cuando llegue al Parlamento todos los colectivos involucrados y las fuerzas políticas contribuyan a su enriquecimiento para que sea aprobada con el mayor de los consensos”, ha apuntado Marín.
Esta ley fue un compromiso que se incluyó en el acuerdo de Gobierno entre Ciudadanos y PP. Con ella se pretende conocer si los impuestos que pagan los ciudadanos se emplean en aquello que de verdad produce beneficios en la sociedad. Comprobar si las administraciones cumplen los objetivos cada vez que se invierte un euro de dinero público”, ha considerado el consejero de Regeneración.
El sistema andaluz de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía se basará en los principios de participación de la ciudadanía, eficiencia, innovación, aprendizaje, rendición de cuentas y sostenibilidad. “Es razonable hacer de vez en cuando autocrítica, balance, no tenerle miedo a los informes que después nos puedan llevar a corregir políticas o decisiones”, ha planteado el vicepresidente andaluz.
La Unión Europea viene impulsando desde 2015 la implantación de medidas de evaluación sobre la acción de la Comisión, el Parlamento y también sobre los Estados miembros, “por lo que tenemos la obligación de aplicar estos criterios europeos sobre todas las administraciones españolas”, ha recordado Marín.
